Archivan las diligencias contra Chaves por no declarar ante la Comisión de Investigación

La justicia no seguirá adelante contra Manuel Chaves por su marcha de la comisión de investigación del Parlamento andaluz que trata de esclarecer la gestión de la extinta Fundación Andaluza de Formación y Empleo (Faffe), cuyos directivos emplearon tarjetas de crédito oficiales en varios prostíbulos. El juzgado de instrucción ha archivado las diligencias, tal y como pedía la Fiscalía al entender que no existía delito alguno, aunque Vox Andalucía ya ha recurrido ese archivo.

El Ministerio público pidió el sobreseimiento de la causa al entender que Manuel Chaves, citado a comparecer en plena campaña electoral de las generales en noviembre del pasado año, sí acudió y realizó las manifestaciones “que tuvo por convenientes en su turno de palabra”. En esa brevísima intervención, en la que se acogió a su derecho a no responder a las preguntas de los grupos políticos, el expresidente andaluz durante 19 años acusó a PP, Cs y Vox de “instrumentalizar” la comisión por citar a los dirigentes socialistas andaluces a 72 horas del cierre de campaña, algo que a su juicio rompía forma “arbitraria” la “neutralidad política” exigida a la Cámara regional y contribuyendo de paso a aumentar la desafección de los ciudadanos.

Su decisión provocó una bronca discusión política, con el presidente de la comisión, negándole el permiso para irse y se encarándose con él. En los días siguientes, otros diputados socialistas siguieron su camino, alegando los mismos argumentos que el expresidente. Vox llevó ese rechazo de los diputados socialistas ante el alto tribunal andaluz, aunque la parte referida a Chaves se derivó a la justicia ordinaria dado que no es aforado. Sin embargo, meses después la Fiscalía de Sevilla no vio motivo alguno para procesar al expresidente andaluz.

Así, el ministerio público justificó su petición de archivo argumentando que el Código Penal lo que castiga es la incomparecencia ante comisiones parlamentarias y faltar a la verdad en las manifestaciones que puedan ser vertidas ante dichas comisiones, algo que no se produjo. Un criterio expresado ya por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en el archivo de la denuncia contra otros dos parlamentarios autonómicos socialistas que también rechazaron responder a las preguntas de la comisión, Javier Carnero y Antonio Ramírez de Arellano.

“Comparecieron al llamamiento que se les hizo por la comisión de investigación, esto es, no dejaron de comparecer como exige el tipo penal, y tras exponer a sus componentes las razones que les asistían y ciertas circunstancias objetivas, se acogieron a su derecho a no seguir declarando”, señaló entonces ese auto del alto tribunal.

Según esa jurisprudencia, a la que se acoge ahora el juzgado de instrucción sevillano, “teniendo el derecho penal un contenido esencialmente restrictivo en las conductas que recogen sus normas, no pueden extenderse estas a conductas no expresamente previstas en la norma, de tal manera que no puede entenderse que la no comparecencia pueda equipararse, a efectos de tipificación penal o interpretación del artículo 502.1 del Código Penal, a la negativa a declarar”.

“Si el legislador lo hubiera entendido así, lo hubiera regulado expresamente como ocurre en otros supuestos como los contemplados” en el artículo 420 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, argumentó en dicho auto el TSJA, que aseveró que, “en definitiva, en modo alguno cabe hacer una interpretación extensiva y desfavorable contra los denunciados en el ámbito penal en el que nos movemos”.