Duelo judicial entre Zaplana y los investigadores de su caso

El 'caso Erial', que estudia el posible cobro de comisiones ilegales por valor de cerca de veinte millones de euros del expresident de la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana y su entorno, ha vuelto este martes a los juzgados mientras se intensifica el duelo judicial entre el exministro del PP, que maniobra para que el caso pase a la Audiencia Nacional, y los investigadores, que han aportado nuevos informes que han llevado a la jueza instructora a abrir una nueva pieza secreta dentro de la causa.

Tras el parón por la crisis sanitaria del coronavirus, se han retomado las declaraciones de varios investigados en la causa por el cobro de mórdidas por adjudicaciones de parques eólicos y concesiones de ITV.  Entre los citados a declarar, están el también expresident de la Genealitat José Luis Olivas, sucesor de Zaplana en el cargo cuando José María Aznar lo nombró ministro de trabajo.

Pero también tienen cita con la jueza varios empresarios que pudieron ser usados por Zaplana como testaferros, el asesor y abogado Saturnino Suanzes, que sería uno de los diseñadores del supuesto entramado creado por el exministro para mover ese dinero cobrado en el extranjero, y su hermana y exdiputada autonómica del Partido Popular Elvira Suanzes, amiga del expresident y presunta intermediaria.

A ella iba dirigida una carta de Zaplana escrita desde la cárcel y que fue encontrado en un trastero de Suanzes junto a otros documentos, en la que alardeaba, sin nombrarla, de sus contactos con Margarita Robles, ministra de defensa y responsable del CNI, que creía que les ayudaría en sus intentoe de entorpecer la investigación.

En el caso también estaba imputado el que fuera conseller y exdirector general de la Policía, Juan Cotino, que falleció recientemente a causa del coronavirus. La investigación apunta a que buena parte de las comisiones irregulares habrían salido de su empresa familia, motivo por el que están investigados dos de sus sobrinos. La mujer y las hijas de Zaplana, también investigadas, están citadas a mitad de julio.

Partida de ajedrez

Las comparecencias llegan cuando se está aún pendiente de que se pronuncie la Audiencia Provincial de Valencia ante el recurso que han presentado los abogados de Zaplana tras ser rechazada su petición de que la causa vaya a la Audiencia Nacional al entender que el actual juzgado no es competente al haberse cometido los supuestos delitos fuera de España.

La respuesta inicial de la jueza fue denegarla afirmando que los contratos y las adjudicaciones se realizaron en València y el entramado con el que se gestionaron las comisiones se creó en España, más allá de que el dinero acabara en Andorra, Luxemburgo o Suiza. Pero, además, la instructora deslizó en su respueta que "los indicios contra él perduran y se acrecientan con la instrucción".

Fue un sutil aviso de lo que venía, porque tras recibir nuevos informes de la UCO, la titular ha abierto una nueva pieza dentro de la causa y la ha declarado secreta, tal y como avanzó Levante EMV, periódico editado por el grupo Prensa Ibérica.

Movimientos fallidos

El intento de cambiar de jueza instructora es el último movimiento de Zaplana para tratar de frenar un caso que estalló públicamente en mayo de 2018 cuando él y varias personas de su entorno fueron detenidas por la Guardia Civil ante las evidencias acumuladas en tres años de investigación.

El expresident, y varios de sus colaboradores, entraron en preventivamente prisión y en el caso del político murciano no la abandonó hasta ocho meses después, cuando la jueza interpretó que ya no había ni riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas al haber conseguido cerrar un pacto con los supuestos testaferros Fernando Belhot y Beatriz Paesa para que, a cambio de inmunidad, le delataran y además enviaran de vuelta a España casi once millones de euros.

En un primer momento, Zaplana trató de anular la causa al dudar de la legitimidad del origen de unos papeles que aportó a los juzgados Marcos Benavent, 'El Yonki del dinero', y en los que al parecer el propio Zaplana había esquematizado el entramado societario y de testaferros diseñado para ocultar el dinero ilícito.

Después trató de anular la confesión de Belhot al entender que se le había tomado declaración como testigo y no como investigado, un recurso que también fue rechazado.

Durante los meses que estuvo en la cárcel, la familia de Zaplana con la ayuda de una empresa de comunicación, puso en marcha una intensa campaña para forzar a la jueza a que sacara al expresident de prisión por motivos de salud, tras haber sido trasladado del centro penitenciario al Hospital de La Fe por complicasiones en las secuelas que dejó en su estado de salurd el trasplante de médula ósea al que fue sometido años atrás.