La fiscalía pide tres años de prisión para los mossos que acompañaban a Puigdemont en su huida

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, despacha en un par de páginas la petición que ha formalizado este jueves, ante el Juzgado Central de Instrucción número 6, de tres años de prisión y otros tantos de inhabilitación para los dos mossos que acompañaban al expresidente de la Generalitat <strong>Carles Puigdemont</strong> en el momento de su detención en Alemania el 25 de marzo de 2018.

Como el ministerio público ha mantenido durante la instrucción, considera a Carlos de Pedro y Xavier Goicoechea, mossos d'Esquadra desde el 2004 y el 2007, respectivamente, autores de un delito de encubrimiento porque ambos tenían que conocer que se había ordenado el arresto del 'expresident' para que respondiera por un delito de rebelión. Para fiscalía "su intención" era ayudarle "a regresar a Bélgica y evitar su identificación en algún lugar donde pudieran ejecutar la orden europea de detención" dictada en su contra por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa contra los líderes del 'procés'.

Según el relato fiscal, el 19 de marzo de ese año, aprovechando que tenían días libres, los dos mossos se desplazaron a la localidad belga de Waterloo, donde Puigdemont había fijado su residencia. El día 23, cuando Llarena dictó una nueva orden europea de detención contra él, "una persona no identificada" les pidió que fuesen a buscarlo a Estocolmo y lo trasladasen a Bruselas. 

El 'expresident' se había desplazado a Helsinki a impartir una conferencia y ese mismo día abandonó la ciudad. A su paso por Alemania, tras cruzar la frontera danesa, se produjo el arresto de Puigdemont y se procedió a la identificación de las personas que viajaban con él en el vehículo. 

Conscientes

Aunque la Audiencia Nacional también citó a declarar a las otras dos personas que le acompañaban, el empresario Josep María Matamala y el historiador Josep Lluís Alay, la instrucción solo se dirigió contra los mossos Carlos de Pedro y Xavier Goicoechea, por su condición de funcionarios públicos en ejercicio.

Para el fiscal tanto De Pedro como Goicoechea "ayudaban a Puigdemont, conscientes de que era investigado en España por su participación en hechos constitutivos de delito de rebelión y que el juez instructor español encargado de la investigación había emitido una orden europea de detención y entrega con el fin de obtener su puesta a disposición para enjuiciamiento". 

La instrucción fue reabierta por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que revocó el archivo de las actuaciones acordado por el primer instructor del procedimiento, el magistrado Diego de Egea, que sostenía que los acompañantes del 'expresident' ignoraban que le buscaba la justicia española.