02 dic 2020

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El Gobierno y el PP se acercan para diseñar la España tras la pandemia

Los populares respaldan a Sánchez en el paquete de medidas para encauzar la salida de la crisis por el covid

El Gobierno atribuye el cambio de Casado a las elecciones en Galicia y Euskadi, pero agradece el gesto

Pilar Santos Juan Ruiz Sierra

Pablo Casado, el miércoles, en el Congreso.

Pablo Casado, el miércoles, en el Congreso. / EL PERIÓDICO / POOL

Tras varios meses instalados en la crispación, dándose la espalda, el Gobierno y el PP han iniciado un rumbo con el que parecen querer doblegar la curva de la tensión política y diseñar juntos la España post-covid.

Las señales han ido apareciendo durante los últimos días en el Congreso de los Diputados. Primero, el miércoles, dirigentes socialistas y populares se reunieron para intercambiarse sus propuestas en la comisión de reconstrucción y se emplazaron a seguir viéndose. En esa jornada también se supo, como adelantó este diario, que el PSOE y Podemos, en aras de lograr más apoyos, dejaban fuera de su documento común el impuesto a la riqueza abanderado por los morados. Después, este jueves, el PP votó a favor del decreto de la llamada "nueva normalidad", que debe regir la vida de los españoles hasta que se encuentre una vacuna o un tratamiento eficaz contra el coronavirus. Un acercamiento destacable después de más de tres meses de desencuentros entre el Ejecutivo y el principal partido de la oposición.

El Gobierno no se muestra muy esperanzado sobre este cambio del clima político. Fuentes de la Moncloa atribuyen la nueva disposición del PP al acuerdo a la cercanía de las elecciones en Euskadi y Galicia, que tendrán lugar el próximo 12 de julio. Consideran que su líder, Pablo Casado, ha interiorizado que el perfil duro, el "rechazo a todo", puede restar votos a su partido en ambas autonomías. También señalan que ahora que ha pasado lo peor en términos sanitarios, cuando empieza la reconstrucción económica y las ayudas millonarias a los sectores más afectados (vía Bruselas), los conservadores saben que no pueden quedarse a un lado. Pero al mismo tiempo, el Ejecutivo valora los gestos de los últimos días, y explica que incluso intentará negociar los próximos Presupuestos con el PP, al igual que con Cs, sin dejar de mirar a los grupos de izquierda que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez. La ecuación parece imposible.

Amplia mayoría  

El decreto, que extiende la obligatoriedad del uso de mascarilla en medios de transporte y espacios abiertos al público cuando no se pueda mantener una distancia de 1,5 metros, fue convalidado con una amplia mayoría en el Congreso: 265 votos a favor, del PSOE, Unidas Podemos, el PP, Ciudadanos, el PNV, Más País, PRC, UPN y Coalición Canaria. Votaron en contra 77 diputados (Vox, ERC, JxCat y Bildu), y hubo cinco abstenciones, entre otras la de Compromís.

En el debate parlamentario, intervino por parte del PP Ana Pastor, exministra de Sanidad y Fomento, elegida también por Casado para representar a su partido en la comisión de reconstrucción. Un perfil moderado, alejado del de la portavoz de los conservadores en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo. La diputada criticó el retraso del Gobierno a la hora de tomar medidas ante la pandemia, pero agradeció al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y "a los técnicos", su trabajo. "No ha sido por mala fe, pero en buena parte no han acertado", lamentó, en un tono muy distinto al utilizado en otras ocasiones por Casado. "Y se lo digo en nombre de todos que lo han sufrido, los que ya no están, los sanitarios y los que han sufrido esta pandemia", añadió. En su opinión, una parte de la tragedia "podía haberse evitado" y, en este contexto, apuntó que "no es casualidad" que España presente los mayores números de profesionales sanitarios contagiados o de fallecidos por cada 100.000 habitantes".

La exministra consideró "exiguo" el decreto, por lo que agradeció que finalmente se tramite como proyecto de ley para poder incluir más medidas "imprescindibles". Citó la Oficina de Atención de las Víctimas, un plan de activación económico y un plan jurídico que pueda sustituir al estado de alarma en caso de rebrote. También reclamó más competencias para el Ministerio de Sanidad. "Esto no es un tema de competencias, sino de salud pública", subrayó.

El PNV y las competencias

Aitor Esteban, portavoz del PNV, dijo no ver en este decreto ninguna "merma" de las competencias del País Vasco y Navarra. Tampoco un "supuesto desprecio" a sus instituciones. Estaba contestando, apuntó, a la parlamentaria de EH Bildu Mertxe Aizpurua, que había hablado justo antes, aunque el mensaje también iba dirigido a ERC y JxCat, que como los aberzales votaron en contra.

Los dos partidos independentistas catalanes defendieron su rechazo como un castigo al mando único que supuso el estado de alarma. Bildu lo justificó por el viraje que ve en el Ejecutivo al lograr, en este decreto, el apoyo de Cs y del PP. Ese respaldo también escuece a los republicanos, que cada vez parecen más alejados de la coalición del PSOE y Unidas Podemos.   

Ahora, tras el visto bueno del PP al decreto, falta por ver si el Gobierno y los conservadores consiguen hilar unas conclusiones comunes en cada una de las áreas en las que se ha dividido la comisión de reconstrucción que los diputados trabajarán en los próximos días. Al menos, ambas partes muestran buena voluntad. Tienen de tiempo hasta el 1 de julio, cuando se votarán las enmiendas y las conclusiones de los cuatro grupos: Sanidad, Economía, Políticas Sociales y Unión Europea. De momento, fuentes del PP consideran muy probable, como mínimo, poder avanzar en un borrador común en el ámbito sanitario. Es un comienzo.