Coronavirus: Tres meses de estado de alarma y crispación

Cuentan en la Moncloa que el pasado 14 de enero, justo antes de que comenzara el primer Consejo de Ministros de la coalición del PSOE y Podemos, un miembro del Gobierno se acercó a Salvador Illa y le dijo: "Qué alegría. Ministro de Sanidad es un puesto agradecido. Hay pocas cosas que hacer, porque las competencias están transferidas a las autonomías. Salvo, claro, que tengas una emergencia sanitaria…".

El coronavirus era todavía un eco lejano que llegaba de China, y tampoco es que Illa hubiera sido elegido para el puesto por su trayectoria en el ámbito de la salud. Secretario de Organización del PSC y exalcalde de la Roca del Vallès, el suyo era un perfil claramente político, pensado para tender puentes con ERC, cuyo papel se preveía crucial en esta legislatura. Pero Illa ha terminado siendo, en ese departamento sin apenas atribuciones, el ministro que ha tenido a sus órdenes "a todas las autoridades civiles del territorio nacional", debido al estado de alarma.

El periodo excepcional acaba este domingo, tras 98 días que han puesto a prueba la cohesión del Ejecutivo, han hecho pensar a la derecha que Pedro Sánchez iba a caer (o al menos quedar noqueado), han tensado los vínculos de socialistas y morados con sus socios parlamentarios y han provocado el acercamiento de Ciudadanos a la Moncloa, en un movimiento de consecuencias imprevisibles.

Nada de todo esto se sospechaba cuando el secretario general del PSOE fue investido como presidente, ni cuando el coronavirus llegó a España. Una de las escasas conclusiones en la que coinciden tanto el Gobierno como la oposición de derechas es que se actuó tarde, que si las medidas de confinamiento se hubiesen adelantado, el impacto del virus habría sido menor. Pero la Moncloa sostiene que "a toro pasado" es muy fácil señalar los errores, que todos los países tuvieron falta de reflejos y que España, dentro del entorno europeo, fue de los primeros en decretar el estado de alarma. 

Las batallas internas

Ya el 14 de marzo, en la reunión del Consejo de Ministros que aprobó esa figura constitucional, se comprobó la dificultad de todo lo que estaba por venir. No solo por la falta de precedentes; también por las distintas visiones dentro del Ejecutivo. Los integrantes del área económica, como la vicepresidenta, Nadia Calviño, intentaron sin éxito frenar la alarma, en un pulso que se reprodujo dos semanas después, con la detención de toda la actividad no esencial, cuando el país se acercaba a la cifra de 1.000 muertos diarios. En ambos casos, Sánchez optó por el camino prudente: parar.

En el primer Gobierno de coalición de la historia democrática, ante la peor emergencia sanitaria en 100 años, el presidente se ha visto obligado a hacer muchos equilibrios internos entre el PSOE y Podemos. Pablo Iglesias, vicepresidente segundo y líder de los morados, era partidario de aprobar las medidas económicas frente a las consencuencias del virus de forma más rápida y contundente, una visión que compartían algunos ministros socialistas, como el de Fomento, José Luis Ábalos. También defendió el polémico pacto con EH Bildu para derogar toda la reforma laboral, suscrito (y después rectificado por el PSOE) en un momento en el que el Ejecutivo temió perder los apoyos para prorrogar la alarma. Y presionó para lanzar cuanto antes el ingreso mínimo vital, probablemente la medida de mayor calado que el Gobierno aprobará en esta legislatura.

Fueron roces que los morados no ocultaron, al contrario, pero Sánchez los ha encarado haciendo de la necesidad virtud, convirtiendo las peleas internas en presunta fortaleza. Cuando le preguntan por esta falta de unidad, el líder socialista suele alabar la pluralidad del Gobierno, donde conviven "distintas visiones". Algo similar hace el presidente con sus rectificaciones. “Este es un Gobierno que escucha”, dijo a finales de abril, después de cambiar el criterio sobre las salidas de los niños, que llevaban mes y medio encerrados en sus casas.

Vidas y empleos

Pasado lo peor, tras haber sacado adelante las seis prórrogas de la alarma que ahora termina (algunas de forma agónica), la Moncloa transmite cierta sensación de alivio. La crisis sanitaria, señalan en el Ejecutivo, ha sido "atajada". Las ayudas sociales, como los ertes y el ingreso mínimo vital, "están funcionando". Y las encuestas siguen colocando al PSOE en clara ventaja, muy por delante del PP. A modo de resumen, Sánchez dijo el miércoles en el Congreso: "Hemos evitado la destrucción de millones de puestos de trabajo, hemos asistido a los más vulnerables y sobre todo hemos salvado miles de vidas".

Falta de comunicación

La visión del partido de Pablo Casado es radicalmente distinta. Las relaciones entre el presidente del Gobierno y el jefe de la oposición nunca han sido fluidas, pero la pandemia las ha tensado aún más. El líder de los conservadores, el día que se decretó la alarma, afirmó que Sánchez no había estado "a la altura" porque había reaccionado tarde. Después, en las peores semanas de la pandemia, con los fallos del Gobierno central en la compra de test y la falta de medios de protección para los sanitarios, las críticas se recrudecieron.

Casado denunció la falta de comunicación del jefe del Ejecutivo, que no le ha consultado previamente ninguna de las grandes decisiones en esta crisis con el argumento de que había debates semanales en las Conferencias de Presidentes autonómicos a las que asistían dirigentes del PP. Ahora llevan más de un mes sin hablar. El líder popular desconfía de Sánchez y de su discurso de "mano tendida", como el que pronunció este sábado, porque "después no lo practica", apuntan fuentes del equipo de Casado. En ocasiones, es como un diálogo de sordos ya que el PP, por su parte, también combina los ataques al Gobierno de coalición con su disposición a llegar a acuerdos en el plano sanitario (hasta lo ha bautizado: 'pacto Cajal'), jurídico (con reformas para no recurrir de nuevo al estado de alarma) y económico (con bajadas de impuestos y extensión de los ERTES hasta diciembre).

Mientras tanto, Cs, un partido hasta ahora instalado en el bloque de la derecha, ha empezado a moverse. Los liberales venían de fiarlo todo a los pactos con el PP (y de forma indirecta con Vox, siempre que los ultran fuesen necesarios para sumar en autonomías y municipios), pero a raíz de la dimisión de Albert Rivera y de la llegada del coronavirus, han girado al centro, apoyando todas las prórrogas de la alarma (el PP solo las tres primeras), negociando sus condiciones y abriéndose, incluso, a abordar los Presupuestos del año que viene.

La equidistancia

Esta nueva alianza permite a Sánchez situar al PP con la única compañía de Vox y, al mismo tiempo, provoca malestar en sus socios tradicionales. Sobre todo, en ERC. Los republicanos llevan días instando al presidente a elegir entre ellos y Cs, pero el líder socialista juega a la equidistancia. Quiere alianzas "transversales". Aun así, los puentes con el partido de Oriol Junqueras, que votó en contra de la quinta prórroga, se han reconstruido en parte durante las últimas semanas, y en julio volverá a reunirse la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat.

Pero todo está por hacer con los Presupuestos. De aprobarse, el Gobierno quiere que duren dos o incluso tres años. Es decir, Sánchez tendría asegurado culminar la legislatura. Tras la alarma, insisten en la Moncloa, "hay que empezar casi de cero".

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