Buch niega que fichara de asesor a un mosso para la escolta de Puigdemont

El 'conseller' de Interior, Miquel Buch, ha negado ante la juez haber fichado como asesor a un exescolta de Carles Puigdemont para que siguiera prestando protección al 'expresident' huido en Bruselas y ha alegado que lo designó como cargo de confianza por su experiencia en los Mossos d'Esquadra. 

Según fuentes judiciales consultadas por Efe, Buch ha comparecido este martes durante unas tres horas ante la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Mercedes Armas, que lo investiga por los delitos de prevaricación y malversación por nombrar como asesor al sargento de los Mossos Lluis Escolà para que hiciera de seguridad de Puigdemont tras su huida de la justicia española.

Buch ha desvinculado el fichaje del sargento -a propuesta de su equipo, ya que no le conocía previamente- de la protección de Puigdemont y ha alegado que quería a un mosso en su equipo de confianza para tener una visión técnica de los asuntos policiales, ya que no tenía experiencia en este ámbito, y que varios candidatos rechazaron su oferta antes porque no querían significarse políticamente.

El jueves también está citado ante el tribunal el sargento de los Mossos que supuestamente dio protección a Puigdemont en Bélgica tras el 1-O.

Querella fiscal

La magistrada les cita por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en relación al servicio de escoltas y protección al expresidente fuera de España desde octubre de 2017.

La Fiscalía abrió diligencias de investigación el 20 de marzo de 2019 tras recibir una denuncia de Cs que aseguraba que Escolà, nombrado por Buch el 30 de julio de 2018 como asesor en materia de sistemas de seguridad con una retribución anual de 60.000 euros, en realidad estaba ejerciendo funciones de protección o de escolta del expresidente.

Según la querella de Fiscalía, el nombramiento de Escolà como asesor de sistema de seguridad constituyó un acto de arbitrariedad, pese a que sea un cargo de confianza, y que solo tenía como objetivo procurar, desde el Govern y con cargo a los fondos públicos, "un servicio de escolta permanente al declarado procesado rebelde".