Rebajada de cinco años a uno la petición de cárcel por ultraje a la bandera

La fiscalía ha rebajado de cinco años a uno la petición de cárcel para el acusado de acceder por la fuerza a la delegación de la Generalitat en Girona con motivo de las movilizaciones por el primer aniversario del 1-O y descolgar la bandera española.

La Audiencia Provincial ha juzgado este jueves por aquellos hechos a Jordi Alemany, que afrontaba esa solicitud de un lustro de prisión y una multa de 7.200 por desórdenes públicos, ultraje, atentado a agente de la autoridad, lesiones y daños.

Al final del juicio la fiscala ha retirado las acusaciones por los tres últimos de estos delitos por entender que "no consta" que causara desperfectos en el edificio al entrar ni que participara en el forcejeo que se produjo con vigilantes de seguridad.

Esto ha provocado la rebaja de la petición y la solicitud de "penas mínimas" que se concretan en un año de prisión por desórdenes públicos y una multa 1.260 euros por ultraje a la bandera.

La fiscalía también ha retirado la reclamación de 3.638,31 euros de indemnización por los desperfectos y las lesiones.

Varios agentes de los Mossos que participaron en la vigilancia de lo sucedido el día de los hechos han situado a Jordi Alemany, a quien conocían de otras movilizaciones anteriores, en las protestas, pero ninguno le ha identificado como la persona que descolgó la bandera.

La defensa ha pedido la absolución y, en declaraciones a los medios de comunicación, ha asegurado que la fiscalía ha dado "un primer paso", aunque entiende que debía retirar toda la acusación.

El procesado, que se ha acogido a su derecho a no declarar, ha hecho uso de su turno de "última palabra" para justificar su silencio en que considera ilegítimo que le juzguen los tribunales españoles "por un hecho político".

"No me arrepiento ni de lo que he hecho ni de lo que haré, todo es por un objetivo, por una república para todo el mundo, un pueblo libre, independencia y socialismo. Nuestra lucha con desobediencia civil es para desgastar la maquinaria del Estado", ha añadido.

A las puertas del Palacio de Justicia de Girona se han reunido unas 250 personas en apoyo al acusado, entre las que se encontraban varios investigados por las movilizaciones del primer aniversario del 1-O en Girona como los alcaldes de Celrà y Verges, Dani Cornellà e Ignasi Sabater, respectivamente, ambos de la CUP.