El exalcalde de Torredembarra, condenado por la trama corrupta que derivó en el 3%

Un juez ha condenado a penas de hasta dos años de cárcel al exalcalde de Torredembarra (Tarragona) Daniel Masagué, al exconcejal Pere Font y a un excargo local de CDC, Gerard Montserrat, en una de las tramas de corrupción que dieron pie a la investigación del 3% sobre presunto pago de comisiones a la extinta formación.

En una sentencia el juzgado de lo penal número 2 de Tarragona condena a Masagué, Font y Gerard Montserrat, que fue presidente de CDC en la población, por los delitos de prevaricación y fraude a la administración, a raíz de la adjudicación a dedo de unos chiringuitos de playa por "amiguismo político", dada la pertenencia de los tres a la formación nacionalista. 

Es el primer fallo sobre las tramas de presunta corrupción con epicentro en el Ayuntamiento de Torredembarra que destaparon el caso 3% de supuesta financiación irregular de CDC, una causa que instruye la Audiencia Nacional y en la que se investiga a cargos y tesoreros de la extinta formación y a varios empresarios por el pago de comisiones ilícitas al partido por la adjudicación de obras y servicios.

La sentencia, que no es firme, condena al exalcalde de CDC a dos años de prisión y 17 de inhabilitación, a Gerard Montserrat a dos años de cárcel y a nueve y medio de inhabilitación, y a Font a un año y seis meses de prisión y 15 de inhabilitación, y les obliga a indemnizar al Ayuntamiento de Torredembarra con 30.212 euros. 

Desprecio a la legalidad

Según da por probado la sentencia, los tres condenados se concertaron en 2011 para adjudicar a dedo tres chiringuitos de verano de las playas de Torredembarra a la empresa del dirigente local del CDC, que había perdido la concesión porque, en anteriores temporadas, no los retiró en el plazo establecido ni pagó canon de ocupación.

De esa forma, Montserrat resultó beneficiado con el arrendamiento y posterior compra de tres chiringuitos de playa del municipio de venta de comida y bebidas, "con desprecio total a las normas administrativas y legales de contratación pública, evitando así la concurrencia, licitación o intervención de terceros", añade el juez.

Para dar apariencia de legalidad al expediente, mantiene la sentencia, en 2011 se incoó un expediente de adjudicación, por procedimiento negociado y sin publicidad, y se ofreció concursar en el mismo a tres empresas distintas, todas ellas vinculadas al propio Montserrat.