El fiscal rebaja a sedición y alternativamente desobediencia su acusación contra Trapero

La pandemia obligó a suspender la vista contra el mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero y la excúpula política de la policía catalana justo cuando estaban a punto de conocer que la fiscalía de la Audiencia Nacional rebajaba su acusación de un delito de rebelión a uno de sedición, como pasó este lunes. Eso, que no supone un gran cambio en lo relativo a las penas solicitadas, se complementa con que, además, ha introducido una pena alternativa de desobediencia, para el caso de que el tribunal no aprecie la sedición y se decantara por absolverles. Ahí sí hay diferencia, porque este delito solo está castigado con multa e inhabilitación.

Ha sido una sesión breve en la que el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, verbalizó la sustitución del delito de rebelión del que acusaba a Trapero, al exdirector general de los Mossos Pere Soler y al exsecretario de la Conselleria d'Interior César Puig por uno de sedición, como fijó la sentencia del Tribunal Supremo dictada en octubre del año pasado contra los líderes del 'procés'.

Trapero, al borde de la absolución

En cuanto a las penas no supone un gran cambio, porque para los tres principales acusados la petición fiscal inicial era de 11 años de prisión y con la sedición, al aplicarles el tipo agravado de las autoridades, solo ven reducida la propuesta de pena en un año. 

La intendente Teresa Laplana estaba ya acusada de sedición y no ha visto modificada la petición fiscal de pena por este delito: cuatro años de cárcel. Pero también está afectada por la propuesta alternativa de desobediencia. Con este delito no habrá pena de cárcel para ninguno de los cuatro acusados, ya que la petición fiscal por él es de un año y ocho meses inhabilitación para cargo público y de multa de 10 meses a razón de 200 euros diarios (60.000 euros) para Trapero, Soler y Puig, y un año de inhabilitación y cinco meses de multa para Laplana (30.000 euros).

Sentencia del 'procés'

Como adelantó este diario la sedición era imposible eludirla después de que el Tribunal Supremo no apreciara ese delito al juzgar los mismos hechos. La fiscalía prefirió no anunciarlo en el trámite de cuestiones previas con las que se inició el juicio para evitar tener que hacer otra modificación al elevar a definitivas sus conclusiones, como ha ocurrido con la desobediencia.

Las defensas por su parte han elevado a definitiva la petición provisional que consistía en la absolución. El informe del conclusiones del fiscal no se conocerá hasta el próximo lunes. Sí ha facilitado a las partes un escrito de 56 páginas, firmado por Carballo y el fiscal adscrito al caso, Pedro Rubira, en el que esgrime la sentencia del Supremo para defender que la conducta de la exjefatura política de los Mossos fue constitutiva de un delito de sedición. 

Argumenta, entre otros aspectos, que Trapero mantuvo permanentemente informados a los superiores con los que comparte banquillo -quienes apenas fueron mencionados durante el juicio- de lo que ocurría frente a la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017.

Líneas de defensa

Tras el informe fiscal, será el turno de las defensas. El principal acusado desplegó una argumentación muy contundente ya desde que declaró como testigo ante el Tribunal Supremo, al esbozar un plan para detener al entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, si así le era ordenado tras la declaración unilateral de independencia por la fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, a los que incluso mandó sendas cartas para ponerse a su disposición. 

En la Audiencia Nacional añadió otro dato, refrendado por el comisario <strong>Ferran López</strong>, uno de los principales testigos de la fiscalía, cuando explicó que la jefatura del cuerpo conocía las decisiones del Govern por televisión, una circunstancia que alejaría a Trapero de cualquier conjura sediciosa, al no ser miembro del círculo que tomaba las decisiones, lo que complica mucho el éxito de la petición inicial de pena del fiscal, lo que sin duda ha influido en la inclusión de una alternativa.