Explosión política de 'vasquitis'

En 15 días, los dos grupos parlamentarios nacionalistas vascos en el Congreso (PNV y EH Bildu), con solo 11 escaños, han extraído petróleo político, demostrando que el autogobierno de Euskadi puede incrementarse con el manejo hábil de tres vectores: una legislación constitucional que reconoce los derechos históricos forales; un modelo de negociación con el Gobierno con criterios de pragmatismo y oportunidad, asentados en el sistema concertado; y una forma de estar en el estatus quo jurídico-político actual que ya no intenta su destrucción, sino su optimización.

El acuerdo entre el Gobierno y EH Bildu sobre la derogación "íntegra" de la reforma laboral constituyó una victoria simbólica de la izquierda abertzale, no tanto porque tal pacto sea viable (no lo es), sino porque el grupo era reconocido como legítimo interlocutor en un asunto de Estado. Además, en el punto segundo del pacto quedaba mejorada la capacidad de endeudamiento del País Vasco y Navarra tras los estragos de la pandemia. La encuesta de Metroscopia cerrada este viernes atribuye a los de Arnaldo Otegi 21 escaños (ahora tienen 17) de los 75 del Parlamento vasco en las elecciones del 12 de julio. Subidón.

Torra, sin tiempo; los presos, sin salida

Tormenta política

El entendimiento con EH Bildu, que ha desatado una tormenta política, provocó en el PNV una reacción contenida de irritación porque los abertzales radicales son sus máximos competidores electorales. Los peneuvistas obtendrían en los próximos comicios 30 escaños (ahora tienen 29) según la citada encuesta de Metroscopia. Por debajo de sus expectativas, aunque entre los dos partidos sumarían 51 diputados de 75, respaldados por el 64% de los votos. Un porcentaje de apoyo popular y una mayoría de escaños sin precedente.

Gracias al pragmatismo de la ejecutiva del partido, el PNV eludió la reacción en caliente y esperó su oportunidad. Los nacionalistas, tras sus serias advertencias a Pedro Sánchez, han obtenido un gran logro: la prestación del ingreso mínimo vital (IMV), a cargo de la Seguridad Social, será gestionada en el País Vasco y Navarra por sus respectivas administraciones públicas. Iñigo Urkullu jugará electoralmente esta cesión del Gobierno. Otras comunidades ya se sienten agraviadas por el trato diferencial y este asunto va a ser conflictivo.

Aunque no se quiebra la caja única de la Seguridad Social, el empoderamiento que significa para los autogobiernos vasco y navarro que una prestación estatal sea gestionada por ambas comunidades es enorme. Constituye, además, un ensayo de lo que sucederá cuando se consume la transferencia de la gestión de las pensiones al Gobierno vasco, prevista para finales del 2021 y que implicará el manejo de más de 9.000 millones. Euskadi ya ofrece a los hogares más vulnerables una renta de garantía de ingreso (RGI) y de su prestación se encarga el Servicio Vasco de Empleo, que asumirá también el pago del IMV con gran rapidez burocrática, ya que el censo de posibles perceptores está disponible.

Ventajas de la alarma

Por su parte, el lendakari, secundado por el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha logrado ventajas en el cumplimiento del estado de alarma. Euskadi saldrá de esa excepcionalidad de modo inmediato y, con su ayuda y la EH Bildu, el Gobierno conseguiría aprobar una sexta y última prórroga. El PNV ha defendido la industria vasca, incluso durante la hibernación de los sectores no esenciales, sin desafiar a la autoridad única, pero simulando un cumplimiento solo formal de las disposiciones de excepción.

Y lo ha hecho con la complicidad de la CEOE, cuyo presidente es el vizcaíno Antonio Garamendi, independiente pero que se entiende bien con los dirigentes nacionalistas y que ahora controla la patronal con los mismos criterios prudenciales. Garamendi no va a romper con el Gobierno por su pacto con EH Bildu, pero impone tres condiciones: perfil bajo en la negociación, Nadia Calviño como interlocutora preferente y el sindicato abertzale LAB al margen las conversaciones.

El Gobierno quiere retener la relación con el PNV, sin perder la de EH Bildu que le reporta cinco escaños, tanto como desea que Garamendi –elogiado como "patriota" y "hombre de Estado"– y la CEOE regresen al diálogo social. En la Moncloa no olvidan la que se estima como "mejor foto de lo que llevamos de legislatura": la del 11 de mayo pasado. Por primera y única vez, en el acto estaban presentes Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, los secretarios generales de UGT y CCOO (el baracaldés Unai Sordo), Nadia Calviño, José Luis Escrivá, María Jesús Montero, Yolanda Díaz y el propio Garamendi. El presidente del Gobierno necesita pronto otra foto que, como esa, depure el irrespirable ambiente en la vida pública española.

Política casi florentina

La 'vasquitis' no solo se produce en Catalunya. Es un fenómeno ya general que trata de localizar las claves de una forma de hacer política casi florentina después de que el País Vasco haya sido el gran problema de España por el terrorismo de ETA y la radicalización anterior de una parte del PNV. En Euskadi, sin embargo, hay problemas serios políticos (rebrote de la violencia callejera, catástrofe en Zaldívar, corrupción en el PNV de Álava) y económicos: el golpe que para la economía catalana significa la desaparición de Nissan, impacta también en la industria auxiliar vasca del automóvil, un sector productivo fundamental.

Pero, sea como fuere, la variable vasca en la política española está adquiriendo un peso extraordinario y repercute en unas buenas expectativas electorales para las dos versiones del nacionalismo en Euskadi. Para Catalunya –moleste o no– constituye un referente para superar su crisis de relación y encaje en el Estado democrático de 1978. Por cierto, en el País Vasco, y según el sondeo referido, el PSE se estanca (9-10 escaños) y bajan Podemos (pasa 11 a 7 escaños) y el PP (de 9 a 7). El Gobierno de coalición no saldrá bien parado ni en el País Vasco ni en Galicia. Quizás, tampoco en Catalunya, en su otoño-invierno electoral. ¿Demasiadas cesiones?

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