La jueza del 8-M rechaza incluir a Simón como denunciado al estarlo ya en otras causas

La juez de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, no quiere dar pábulo al argumento de la Abogacía del Estado de que el procedimiento que instruye para determinar la incidencia en el covid de la manifestación del 8-M es una "causa general". De ahí que haya rechazado incluir como denunciado al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón. 

La providencia de la magistrada ha sido respondida por un recurso de los servicios jurídicos del Estado, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en el que se oponen a las citaciones previstas, entre ellas la del único imputado de la causa, el delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, hasta que la Audiencia de Madrid se pronuncie sobre su impugnación contra la admisión a trámite de la denuncia inicial.  

Se trata de la interpuesta por el abogado no ejerciente Víctor Valladares y que también se dirigía contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y todos los delegados del Gobierno por no haber impedido este tipo de concentraciones. La jueza solo la admitió en lo relativo al delegado madrileño, el único al que puede investigar. 

Respecto a la imputación de Simón, la magistrada precisa que "los únicos hechos investigados en este procedimiento hacen referencia a las decisiones tomadas a raíz de la crisis sanitaria derivada del covid-19 por el delegado del Gobierno de Madrid en relación con las concentraciones y manifestaciones que le fueron comunicadas con anterioridad al 14 de marzo", cuando se decretó el estado de alarma. Añade que hay al menos dos procedimientos en juzgados madrileños contra el director centro de alertas y emergencias sanitarias desde 2012, por lo que debe ser allí donde, en su caso, se inste la imputación.

La magistrada, que ha admitido la personación en el procedimiento como acusación popular de la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena, con fianza de 1.000 euros, pero aún tiene pendiente la de la asociación creada por Valladares, rechaza también imputar a funcionarios de la Delegación del Gobierno a los que no se identifica, pero a los que se atribuyen delitos contra la vida, la integridad física o el ejercicio de derechos y libertades. 

Otros convocantes

La magistrada, además, ha citado para el 11 de junio a siete convocantes de manifestaciones citados en el informe de la Guardia Civil que, según fuentes del cuerpo, provocó la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia madrileña. Ello se conoció a la vez que el escrito de la jueza que recordaba a Interior que la Policía Judicial solo le reporta a ella.

La Abogacía del Estado quiere que se suspendan hasta que la Audiencia de Madrid resuelva su primer recurso. Denuncia "el perjuicio que se está causando" a Franco por las diligencias realizadas durante el estado de alarma, pese a no ser urgentes, y critica el "claro sesgo acusatorio" del informe del instituto armado que "parecería que lo que se persigue, lo sospechoso y lo criminalmente reprobable es gestionar la desconvocatoria voluntaria" de manifiestaciones antes del 9 de marzo, que es el día que se sabe la verdadera dimensión del virus.

Además, es muy crítica con la petición de Rodríguez-Medel al forense que precisara el informe que negó causalidad entre la manifestación y los contagios, lo que hizo que se cayera el delito de lesiones y la causa se limite a prevariación administrativa. Considera que lo hace con "afán" de ampliar la imputación y por tanto pasa a añalizar el informe forense que en anteriores impugnaciones pasó por alto.

Sin apoyo científico

Así dice "negar la mayor" afirmación de las conclusiones del forense, porque "sienta, como hecho incontrovertido, que las manifestaciones (no dice cuáles) han podido causar una amplia difusión de la enfermedad", sin "ningún sustento científico ni técnico" y sin que "lo razone, argumenta o apoye en ningún dato objetivo".

Añade que tampoco aclara "a qué se refiere con 'amplia difusión'", y la considera "una afirmación apodíctica huérfana de apoyo técnico, máxime cuando las opiniones de los expertos niegan la relevancia en términos de expansión de un evento de las características de una manifestación".

Para contrarrestar la relación que pudiera haber entre la manifestación del 8-M y el contagio del covid en Madrid, la Abogacía recuerda varios puntos de la "vida ordinaria" que también serían susceptibles de tener incidencia, como que esa semana hubo más de 60 millones de desplazamientos en el Metro madrileño.

Añade, además, "la actividad docente, las oficinas, los juzgados, los centros comerciales, eventos deportivos, culturales, políticos, que en su conjunto conllevan la existencia de millones de contactos estrechos y que hacen absolutamente residual el impacto que hubiera –sin que haya ninguna certeza- podido tener cualquiera de las manifestaciones celebradas hasta el día 9 de marzo".