Aprobada la última pieza del escudo social

El Gobierno aprobó ayer el ingreso mínimo vital para paliar la pobreza severa, una iniciativa histórica con la que ya cuentan muchos países europeos como Portugal, Reino Unido, Francia y Alemania, entre otros. Antes de que llegara la pandemia de covid-19, según el noveno informe sobre «El Estado de la Pobreza», había 12,3 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión en España. Una cifra que el coronavirus, con una caída de afiliaciones a la Seguridad Social, entre marzo y abril, de 950.000 personas, no ha hecho más que aumentar. Según los cálculos del Ejecutivo, 850.000 familias se podrán beneficiar de esta nueva prestación, que completa el escudo social ante el covid-19 tras la aprobación de los ertes por el virus, las ayudas aprobadas para los autónomos, la moratoria de las hipotecas y los aplazamientos de los alquileres. Tendrá un coste de 3.000 millones de euros al año.

El Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez pudo por fin presentar ayer los detalles del ingreso mínimo vital, una promesa tanto del PSOE como de Podemos desde hace años y que, en ocasiones, estas semanas atrás parecía más bien una carrera para ver cuál de los dos partidos se ponía la medalla de su aprobación. Tras un Consejo de Ministros extraordinario, en una rueda de prensa en la Moncloa, esa conjunción de voluntades se escenificó con la comparecencia habitual de la ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, que se hizo acompañar del vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y el titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. «Hoy es un día histórico para nuestra democracia, para mí es un honor anunciar que hoy nace un nuevo derecho social en España (...) y que podemos calificar como el mayor avance en derechos sociales en España desde la aprobación de la ley de dependencia [en 2006]», declaró Iglesias, tomando la palabra como vicepresidente antes que el ministro Escrivá.

Instrumento "permanente"

El titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones celebró que este nuevo instrumento social sea «estructural» y «permanente» y que España pueda contar con esta nueva pata del Estado del bienestar como otros países europeos. Preguntado sobre cómo se combinará esta nueva ayuda con las que ya conceden la mayoría de los gobiernos autonómicos con criterios similares, respondió que cada comunidad tiene la libertad de «redefinir su ayuda y decidir dónde quiere complementar» o si quiere dejar de darla.

El Ejecutivo central ha cedido a Euskadi y Navarra que gestionen el ingreso mínimo vital, argumentando que, como tienen regímenes fiscales propios, era más razonable. Tanto el PNV, que gobierna en el País Vasco, como la Moncloa han desvinculado esa decisión del apoyo que necesita Sánchez a la que puede ser su sexta prórroga del estado de alarma, «la última» que estudia solicitar, según la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. La incógnita sobre si la pedirá no se desvelará mañana, sábado, el día de la semana que ha ido anunciando los alargamientos hasta ahora, ya que el presidente del Gobierno no comparecerá en rueda de prensa, anunció la Moncloa este viernes pasadas las diez de la noche. 

Montero respondió que el Ejecutivo está abierto a hablar con todas las autonomías cuando se le planteó si estaría dispuesta a ceder también la gestión a la Generalitat de Catalunya en un contexto en el que el voto de ERC a esa prórroga del estado de alarma puede ser determinante.

La vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, dijo que su Gobierno también quiere poder hacerlo como el PNV en Euskadi y, socarrona, lo reclamó en euskera en una rueda de prensa, informa Nacho Herrero. Igual que Galicia. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, adelantó que él querría que el ingreso mínimo vital fuera unido a un itinerario de búsqueda de empleo. El asunto será objeto de debate en la Conferencia de Presidentes que Sánchez convocará este domingo,  como cada semana desde que estalló la pandemia.

Cambio de estrategia de Vox

El presidente del PP, Pablo Casado, no quiso comentar la aprobación de esta prestación y dejó la reacción en manos de la vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra, que se quejó de que el Gobierno no se ha «coordinado» con los gobiernos autonómicos, que son los que tienen la competencia social. En todo caso, Gamarra admitió que la renta mínima es «un ingreso necesario para las familias sin recursos».

Vox, que cuando estalló la pandemia y empezó el debate sobre la necesidad de esta ayuda se refería a ella como la «<strong>paguita</strong>», ha dejado de criticarla. Los líderes ultras debieron de creerse la última encuesta del CIS, que señaló que el 83,4% de los españoles la defiende.