El Supremo pide al Congreso el suplicatorio para investigar a Laura Borràs

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha acordado este viernes tramitar la petición del suplicatorio al Congreso para continuar el procedimiento penal contra la diputada de Junts per Catalunya Laura Borràs, a quien abrió una causa el pasado mes de diciembre por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administracion, malversación de caudales públicos y falsedad documental en la etapa en que Borrás era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

El presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, ha dirigido un oficio al presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, para que traslade el suplicatorio para proceder contra Borràs a la presidenta del Congreso de los Diputados.

La petición se acompaña de una exposición razonada del instructor de la causa en el Supremo, el magistrado Eduardo Porrés, que es quien ha instado el suplicatorio. Dicho juez citó para el pasado 14 de febrero a Borrás para prestar declaración voluntaria, en calidad de investigada en la causa, tal como la Ley le permite, pero la diputada optó por no acudir a la citación. A raíz de ello, el instructor preparó la exposición razonada para pedir su suplicatorio.

El Supremo abrió el pasado 17 de diciembre la causa a la diputada Borràs para investigar los indicios de diversos delitos apreciados por el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, que elevó al alto tribunal una exposición razonada con los incidios existentes contra la diputada

Presunto desvío de fondos

El Supremo destacó entonces que los hechos descritos en escrito remitido por el juzgado de Barcelona y atribuidos a la persona aforada Borràs “podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental”. El tribunal extendió su competencia, además de a Borrás, a Isaías Herrero Florensa, por la inescindible conexión inicialmente apreciable entre la conducta que se le atribuye a esta persona y la que se imputa a la aforada.

Según la investigación del juzgado de Barcelona, que se recoge el escrito de del magistrado  Eduardo de Porres dirigido al Congreso, hay indicios racionales de que durante los años 2013 a 2017, la ILC adjudicó 18 contratos menores por importe total de 259.863 euros, de forma directa o indirecta a través de sociedades, a Isaías Herrero, con quien Borras, entonces directora del Instituto, mantenía una relación de amistad.

Borrás y Herrero presuntamente habrían actuado de común acuerdo mediante el fraccionamiento ilegal de esos contratos y la falsificación de los presupuestos presentados en cada uno de los expedientes, simulando la participación de terceras personas independientes.