Una asociación de abogados denuncia a la fiscala del 'procés' por criticar al Gobierno

La exfiscala general del Estado y única mujer de los cuatro representantes del ministerio público que ejercieron la acusación en el juicio del 'procés', Consuelo Madrigal, publicó un artículo en el diario 'El Mundo' de tono muy duro contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que atribuía incluso una «apropiación ilícita del poder» y del que decía que «aprovecha el miedo, el cautiverio y la postración de la sociedad». Una asociación de abogados la ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado por entender que contravino el Estatuto fiscal y con ello puede ser merecedora de una sanción disciplinaria.

El Foro de Abogados/as de Izquierda-Red de Abogados/as Demócratas la acusa en su denuncia, a la que tuvo acceso este diario, una falta grave de las previstas en los artículos 59 y 63 de esa norma, que establece que «no podrán los miembros del ministerio fiscal pertenecer a partidos políticos o sindicatos o tener empleo al servicio de los mismos, dirigir a los poderes y funcionarios públicos o a corporaciones oficiales, felicitaciones o censuras por sus actos, ni concurrir con carácter o atributos oficiales a cualesquiera actos o reuniones públicas en que ello no proceda en el ejercicio de sus funciones». Si se dirigen esas felicitaciones o censuras «invocando la condición de fiscal, o sirviéndose de esa condición», la falta sería grave. Madrigal firmaba el artículo como fiscal de Sala del Tribunal Supremo.

Según el colectivo, la exfiscal general llegaba a exceder la mera censura al Gobierno, al afirmar que «siempre debe frenarse la ilegítima apropiación de poder por parte de los poderes legítimamente constituidos». En ese punto, la denuncia se llega a preguntar si «podríamos encontrarnos con una incitación similar a lo que ella interpretaba como delito de rebelión o sedición hace poco desde los estrados del Tribunal Supremo» contra los líderes del 'procés'.

Censuras

La asociación, que destaca el hecho de que Madrigal haya sido fiscala general del Estado, considera que a lo largo del artículo atribuyó al Gobierno de Pedro Sánchez las siguientes censuras: apropiación ilícita del poder; privación de libertad bajo un sistema de coerción policial innecesaria; imposición encubierta y sin control interno de un estado de excepción;  dictar órdenes ministeriales de inmenso calado económico y fuerte compromiso de derechos de forma oportunista y sin que guarden ninguna relación con razones sanitarias o de público, y el cierre del portal de transparencia del Gobierno.

También destaca el colectivo de abogados las críticas que reaizaba hacia la "prensa" a la que calificaba de "vasalla" y denunciaba "la imposición de filtros, la financiación pública de medios de comunicación, la restricción en la difusión de imágenes y la evaluación de la veracidad de las noticias".