La Sindicatura confirma que Borràs fraccionó contratos investigados por el Supremo

La Institució de les Lletres Catalanes (ILC) "incumplió" la ley de contratos públicos al trocear hasta cinco contratos, cuando la diputada de JxCat Laura Borràs estaba al frente, según expone la Sindicatura de Comptes en un informe al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. El dictamen de fiscalización expone que del análisis de los contratos menores del periodo 2016-2018 se desprende que se adjudicaron algunos de ellos por "importes acumulados" superior al máximo permitido, a la vez que destaca que existe "reiteracion del objeto", por lo que, en su opinion, "hubo un fraccionamiento de la contratación". Dos corresponden a concesiones realizada por la política catalana a un conocido suyo, Isaías Herrero, por un global de 27. 900 euros, una práctica que está siendo investiganda en la actualidad del Tribunal Supremo.

El órgano fiscalizador catalán rechaza las alegaciones remitidas por la nueva dirección de la ILC, que sostiene que no hubo fraccionamiento por tratarse de objetos diferentes. En concreto, por lo que respecta a los contratos investigados otorgados a Herrero, la entidad alega que la ley "no impide la reiteración de la contratación de un mismo proveedor para objetos contractuales diferentes en ejercicios presupuestarios diferentes, o de un mismo proveedor para objetos contractuales recurrentes pero en ejercicios presupuestarios diferentes".

La Sindicatura detalla en su informe las dos adjudicaciones bajo sospecha a Isaías Herrero. La primeras de ellas, con fecha 1 de octubre del 2016 y por un importe de 11.850 euros, figura como concepto el "desarrollo areas festival nacional de poseía a la web de ILC", y la segunda, del 21 de febrero del 2017 y por 16.050 euros, versaba sobre la "creación y mantenimiento web año Bertrana". El dictamen también incluye otras contrataciones supuestamente fragmentadas a otros particulares  a dos empresa sobre el diseño y gestión de una feria, la moderación de un fórum, el comisariado de una conmemoración o el servicio de limpieza. El informe abarca concesiones por el mismo concepto que van del 2016 al 2018, año en que Borràs dejó el ILC cuado fue elegida diputada en el Parlament.

Este informe de la Sindicatura corrobora la sospecha de la fiscalía sobre las presuntas irregularidades cometidas por Borràs y que fueron avaladas por la juez de Barcelona Silvia López Mejías, que inició las pesquisas. Al estar implicada en el asunto la diputada catalana, la magistrada remitió el caso al Tribunal Supremo, que en diciembre del año pasado acordó abrir una investigación a la dirigente de JxCat.

Operaciones bajo sospecha

En su auto, el Tribunal Supremo afirmaba que Borràs y Herrero "mantenían una relación personal de amistad", por la que mientras ella estuvo al frente de la ILC se pusieron de acuerdo para el "fraccionamiento de contratos de prestación de servicios informáticos efectivamente prestados, reflejando importes y conceptos inventados, siempre en cuantías inferiores a 18.000 euros".

De esta manera evitaban "el procedimiento administrativo pertinente" con "trabajos que suponían la programación informática del portal de internet de la ILC" durante más de cuatro años para acudir a la adjudicación directa, "con la intención de favorecerlo personalmente, directamente o a través de las entidades tras las que se ocultaba". El total adjudicado a Herrero, al que también investigará el Supremo, ascendió a 259.863 euros. Son 18 contratos vinculados a labores informáticas.

Correos electrónicos

Entre los indicios contra Borràs figuran correos electrónicos de ella misma en los que le explica a su colaborador Herrero cómo debe presentar varios presupuestos para poder resultar adjudicatario, porque el dinero, según ella misma indicaba, estaba reservado para él. En una conversación de noviembre de 2017 con su socio Marc Gómez se le oye decir: "Con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la cooperativa, y facturo unos trapis por allí". En la charla se permite hasta augurar un futuro aún más prometedor, si ella llega a ser 'conselleria' de Cultura. La diputada siempre ha defendido su inocencia.

El juez del  Tribunal Supremo (TS) Eduardo de Porres, que se encarga de la instrucción, llegó a citar para el 14 de febrero a la portavoz de JxCat en el Congreso  "a fin de ser oída en declaración" como investigada por estos hechos de forma "voluntaria". Sin embargo, la diputada declinó el ofrecimiento y alegó que la causa abierta en su contra no existiría si ella no fuera una "conocida independentista" y trató de vincular su caso al procedimiento que concluyó con la condena de los líderes del 'procés', porque el fiscal adscrito al asunto, Javier Zaragoza, fue uno de los cuatro que participó en el juicio.