CDC defiende las donanciones investigadas de exaltos cargos del partido

Convergencia Democràtica de Catalunya (CDC) sostiene en su recurso contra la apertura de una investigación por blanqueo de capitales contra 12 exaltos cargo por donaciones al partido que estas aportaciones dinerarias son legales y “transparentes”, al haber sido comunicadas al Tribunal de Cuentas,  no provienen de ningún acto delictivo y las fijaba el partido. Entre las personas imputadas por el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, se encuentran Felip Puig, Pere Macias, Jordi Jané, Irene Rigau y Xavier Crespo, además de varios exdiputados. Las pesquisas se iniciaron a petición del fiscal anticorrupción José Grinda.

El recurso, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO y firmado por el abogado Javier Melero, recalca que las aportaciones  por estos exaltos cargos del partido entre los años 2009 y 2010 “no son ni donaciones anónimas, ni se realizaron para escapar ningún control", a la vez que se pregunta por qué motivo se presume delictivas las entregas de dinero de estos investigados y, en cambio, no se duda de la totalidad de las realizadas por los otros cargos o militantes, “cuando no parece que haya ningún elemento distintivo, ni ningún indicio que permita relacionar algunas sí y otras no en contrapartidas en dinero negro”.

Imputados 12 exaltos cargos de CDC por donaciones ilegales al partido

Afloramiento de dinero

El juez considera, sin embargo, que hay indicios de que las donaciones que los 12 exaltos cargos convergentes investigados hicieron al partido eran “actos de afloramiento de dinero de delito realizado por personas próximas a CDC siguiendo el plan superior trazado por los jerarcas del partido”. Convergència subraya en su recurso que nada hay en el proceso por el ‘caso 3%’ de presunto cobro de comisiones ilícitas (del que nace estas pesquisas) que vincule o relacione las aportaciones de empresas a entradas de dinero en efectivo de militantes. “Ningún  listado, ninguna agenda, ninguna anotación manuscrita, nada de los incautado hace más de cuatro años en la sede de CDC y fundaciones vinculadas”, puntualiza.

El escrito agrega que “no existe elementos de prueba alguno, por remoto que sea, de que los militantes del partido percibieran con carácter previo fondos” al efecto de “blanquear activos de procedencia ilícita”. Aclara que era la formación política quien fijaba la cantidad que los afiliados que gozaban de cargos públicos debían transferir, así como otras donaciones, por lo que el hecho de que la cantidad fuera homogénea “no tiene nada de sospechoso”.