Sánchez se vuelca para lograr apoyos al estado de alarma

Perdura la sensación de vértigo en la Moncloa ante lo que pueda pasar hoy en el Congreso de los Diputados. La tesis del Gobierno sigue siendo que el PP no llegará a votar en contra de la prórroga de otros 15 días del estado de alarma, sino que optará por la abstención. Pero no quiere dejar ningún cabo suelto, así que anoche cerró un acuerdo con Cs para garantizarse su aval. Además, continúan las negociaciones de última hora con el PNV para lograr su 'sí' y  tienta a ERC para que abandonen el rechazo y se abstengan.

Si Pablo Casado finalmente votase 'no', sumando sus 88 diputados a los de Vox, ERC, JxCat y la CUP, este bloque sumaría 164 actas. Y, por el momento, el apoyo a la prórroga solo tiene asegurado los 165 apoyos de la coalición del PSOE y Unidas Podemos y de los naranjas, por lo que el Ejecutivo, a pesar de apostar porque los populares se abstendrán, quiere tener atado también el apoyo del PNV.

Las conversaciones del Ejecutivo con el PNV, que continuarán la mañana de este miércoles,  son muy fluidas y giran sobre la cogobernanza para que las autonomías tengan más margen de actuación en la desescalada. La sorpresa llegó con Cs, con quien hubo pacto nocturno después de que Moncloa aceptase "contactos semanales" con Inés Arrimadas y estudiar desvincular los ertes y otras medidas económicas del propio estado de alarma para que el Gobierno no pueda presionar a la oposición con su desaparición si no apoyan las prórrogas.

Teléfono activo

 Las productivas llamadas de este martes a Arrimadas por parte de miembros del Gobierno llegaron precedidas de otras con menos éxito. El pasado lunes, Sánchez habló primero con Casado, durante una conversación en la que el líder del PP le dijo que no iba a "apoyar" (sin aclarar si votaría ‘no’ o se abstendría) y el presidente le avisó que sin la medida, España se sumiría en el "caos".

Los populares consideran que la nueva fase se puede regular a través de las leyes sanitarias. El Ejecutivo, en cambio, insiste en que eso es inviable, porque serían las autonomías quienes tendrían el mando, y su capacidad para impedir los desplazamientos (tanto de una comunidad a otra como dentro de cada territorio) resulta escasa. La Moncloa, asimismo, argumenta que si la prórroga no sale adelante, se enviaría un mal mensaje a la UE.

Ambas visiones se plasmaron ayer en el Senado, donde Sánchez participó en la sesión de control al Gobierno. "Seguir prorrogándolo ‘sine die’ es una herramienta para protegerle a usted, que está atrapado", le espetó el portavoz del PP en la Cámara alta, Javier Maroto. El presidente le contestó que el confinamiento y la restricción de la movilidad está "frenando" los contagios y que una medida tan drástica como esa no se puede aplicar si no es con la alarma.  El jefe del Ejecutivo aprovechó su intervención para pedir al PP y a Cs su apoyo.

'In extremis'

Finalmente, los socialistas lograron llevarse a su terreno a los naranjas, a cambio de algún compromiso.  Con el apoyo de los liberales bastaría para sacar adelante la deseada prórrogar si el PNV cediera y se abstuviera. Se trabaja en este sentido.

El esfuerzo negociador no se circunscribe solo al jefe del Ejecutivo. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, también han mantenido contactos con los nacionalistas vascos y ERC. Los republicanos, de momento, se mantienen en el ‘no’, una posición que el Gobierno atribuye a la proximidad de las elecciones catalanas (aún sin fecha) y a su pugna con JxCat. Los posconvergentes ya votaron en contra de la anterior extensión de la alarma mientras que ERC se abstuvo.

Líderes autonómicos

Calvo, al mismo tiempo, telefoneó al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, que se desligó en parte de la versión oficial de su partido, el PP, que rechaza la prórroga. "Todas las medidas pueden adoptarse sin prorrogar ‘sine die’ el estado de alarma, por lo que el Gobierno debe tener plan B (o C, de Constitución) –tuiteó Feijóo-. Otra cosa es que el Gobierno necesite más tiempo para organizarse y eso es más entendible que las razones expuestas públicamente hasta ahora".

También se movió la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que defendió la conveniencia de acabar con el estado de alarma y reactivar la economía "lo antes posible", pero también sugirió darle como mucho "los últimos 15 días" para que la vuelta a la nueva normalidad anunciada por el Gobierno se produzca "con las mejores garantías".

Pero la coalición del PSOE y Unidas Podemos quiere prolongar las extraordinarias medidas de confinamientos frente al virus en al menos otras dos ocasiones. El Gobierno teme que el calvario negociador vaya a más.