Inquietud en el Gobierno ante el rechazo a prorrogar el estado de alarma

El Gobierno se vuelca a contrarreloj para intentar aprobar el miércoles la nueva prórroga del estado de alarma, pero de momento, no tiene asegurado que la votación salga adelante. Ni el fondo de 16.000 millones de euros que destinará a las comunidades, ni el compromiso de "<strong>cogobernanza</strong>" con las autonomías ofrecidas este fin de semana para reconducir a los partidos hacia el apoyo a la ampliación parecen suficientes. El resultado continúa en el aire. ERC y PNV, las dos formaciones clave que Pedro Sánchez necesita para no quedar en manos del PP, siguen inclinadas a no avalarle y tomarán previsiblemente la decisión este lunes en sus ejecutivas. De momento, el presidente no parece haber persuadido a líderes autonómicos esenciales con los que se reunió este domingo por octava vez telemáticamente desde el inicio de la pandemia, como el 'lehendakari' Iñigo Urkullu (PNV). Incluso el PP, que hasta ahora siempre ha apoyado las prórrogas, deslizó la advertencia de que quizá deje de hacerlo: el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y el andaluz, Juanma Moreno Bonilla, ambos populares, se mostraron en contra de alargar el estado de alarma a pesar de que la Moncloa insiste en que no hay alternativa. Los nervios van en aumento y los contactos gubernamentales discretos continuarán en las próximas horas en un esfuerzo por recuperar a los aliados que apoyaron la investidura.

"El estado de alarma ha funcionado y en la etapa de desescalada es imprescindible mantenerlo por dos propósitos: seguir controlando la pandemia de manera eficaz y dotar de reglas comunes para que si hubiere un rebrote que no podemos descartar, tengamos vigente este instrumento", repitió el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como una letanía en su comparecencia al término de la conferencia de presidentes. Explicó que en la desescalada el Gobierno hará reuniones técnicas y políticas de forma bilateral con cada autonomía para analizar el paso de fase.  La orden publicada en el BOE este domingo concreta que la decisión "se procurará que sea consensuada" pero caso de discrepancia "la adoptará el Ministerio de Sanidad". 

La titular de Hacienda, María Jesús Montero, concretó que los 16.000 millones del fondo destinado a las comunidades constituye la mayor inyección que jamás han recibido los territorios. Y comprometió que 6.000 se liberarán de forma inmediata, mientras que el resto se transferirá en el segundo semestre. Nada pareció contentar a los presidentes, que se despacharon dejando a Sánchez en una posición especialmente vulnerable. 

Urkullu solicitó formalmente al jefe del Ejecutivo que se reformule la gestión de la crisis y que "se replantee la aplicación de la legislación de excepcionalidad". Es decir, el estado de alarma. Pidió volver a la legalidad habitual para un "retorno paulatino" a la normalidad institucional y reclamó, de nuevo, respeto al autogobierno vasco. En términos similares se expresó el 'president', Quim Torra, que reclamó reformular el estado de alarma, permitiendo excepciones en el caso de Catalunya o bien la recuperación de competencias autonómicas. De no ser así, apostó porque el JxCat y ERC rechacen la prórroga el miércoles en el Congreso. En la ampliación actual, los republicanos se abstuvieron y los posconvergentes votaron en contra con Vox y la CUP. Ahora, el partido de Oriol Junqueras sopesa seriamente pasarse al 'no'. Lo discutirán en su ejecutiva, este lunes, pero fuentes republicanas sostienen que los partidarios de alejarse de Sánchez van ganando peso. 

El aviso del PP

Hasta ahora el PP ha votado a favor de todas las prórrogas, a pesar del durísimo discurso de Pablo Casado en contra de la gestión del Gobierno. Sin embargo, el líder conservador ha evitado en los últimos días confirmar si volverá a respaldar la ampliación y los mensajes trasladados este domingo por el presidente gallego y andaluz, ahondaron todavía más la preocupación en la Moncloa. Núñez Feijóo, consideró "desproporcionado" el uso del estado de alarma y, como Urkullu, pidió que la desescalada se lleve a cabo en un marco de leyes ordinario. También cuestionó la idea de cogobernanza propuesta por Sánchez dado que a juicio del mandatario gallego, "hasta el momento no se ha producido".

Moreno Bonilla estimó que el estado de alarma “no tendría ya sentido a finales de este mes de mayo o en junio”, a tenor de los nuevos datos de contagios y fallecimientos a causa del coronavirus. Por eso, reclamó que al igual que ya se ha iniciado un desconfinamiento social, debería producirse una “desescalada jurídica o normativa”. Pidió un  debate “largo y sosegado”.  "Es una decisión importante como para despacharla en un cuarto de hora en el Congreso, y así se lo he dicho al presidente y a mi formación política”, explicó, informa Julia Camacho. 

El ministro de Sanidad admitió que el Congreso "es soberano", pero insistió en que no hay atajos y que la prórroga de la alarma es "imprescindible".  Tanto Illa como Montero apoyaron su tesis en otro argumento: la sociedad española, dicen, apoya mayoritariamente que continúe la excepcionalidad.