21 oct 2020

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LA DESESCALADA DEL CORONAVIRUS

El resurgir de las provincias malditas

El Gobierno resucita el fantasma de la estructura administrativa más arcaica e incómoda de España

La división provincial, de 1833, choca con la realidad social y el poder creciente de las autonomías

Jose Rico

El resurgir de las provincias malditas

"El territorio español en la península e islas adyacentes queda desde ahora dividido en cuarenta y nueve provincias que tomarán el nombre de sus capitales respectivas, excepto las de Navarra, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que conservan sus actuales denominaciones". El mapa provincial español nació por real decreto el 30 de noviembre de 1833 y permanece prácticamente intacto desde que Javier de Burgos, secretario de Estado de Fomento, lo dibujó hace 187 años. Basadas en la antigua división de España en reinos e inspiradas en los departamentos franceses, las provincias fueron trazadas para facilitar al Gobierno central la gestión de sus órdenes sobre las regiones.

Quizá ese objetivo originario y el hecho de que Franco las utilizase como estructura administrativa principal explica que se hayan convertido en unos entes políticos incómodos que despiertan recelo, desafección y, en algún caso, hostilidad. Sentimientos con lo que se ha topado el Gobierno de Pedro Sánchez por querer usar las provincias como unidad de medida del proceso de desescalada del coronavirus. La Constitución de 1978 consagró la división provincial y estos territorios se emplean como circunscripciones electorales, pero el poder creciente de las comunidades autónomas ha ido relegando a las provincias y vaciando de competencias a las diputaciones.

"No hay ningún mensaje político oculto en esta propuesta", ha defendido el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tratando de calmar a unas autonomías que han visto intervenidas sus competencias en sanidad. Pero las críticas al Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos se han escuchado no solo desde Catalunya y Euskadi, sino también desde autonomías socialistas, como Aragón y la Comunitat Valenciana, o del PP, como Galicia y Castilla y León. Hay matices entre cada una de ellas y el pulso partidista es indisoluble de estos posicionamientos, pero un argumento se repite de forma transversal: los límites provinciales no siempre se corresponden con la realidad social.

Límites difusos

"¿Qué tienen en común en términos epidemiológicos Berga e Igualada? ¿Por qué criterio científico un ciudadano de Bellver de Cerdanya [en la provincia de Lleida] puede ir a Lleida ciudad, pero no a Puigcerdà, a muchos menos kilómetros, pero que se halla en la provincia de Girona?", se preguntaba la portavoz del Govern, Meritxell Budó. Hay muchos pueblos en toda España que están más cerca de otra capital que de la suya. O pequeños municipios sin apenas casos de coronavirus situados en límites provinciales o, incluso, enclavados en otra provincia.

Todos ellos reclaman ahora poder seguir haciendo su vida cotidiana entre una provincia y otra. En España hay una veintena de enclaves, territorios que dependen jurídicamente de una provincia pero que están rodeados de otra, que a veces pertenece incluso a una comunidad autónoma distinta. Los casos más paradigmáticos son el Condado de Treviño (enclave de Burgos en Álava, a solo 20 kilómetros de Vitoria y a más de 100 de Burgos), el Rincón de Ademuz (comarca valenciana rodeada por Cuenca y Teruel) y Llívia (población gerundense en territorio francés).

Regiones sanitarias

Pero hay ejemplos mucho más llamativos. Padrón y Pontecesures son dos localidades gallegas con una gran vida conjunta que están separados por un puente romano sobre el río Ulla. El primero está en A Coruña y el segundo, en Pontevedra. Unos cuantos vecinos del municipio de El Cuervo residen en el límite entre Sevilla y Cádiz, hasta el punto de que sus casas están 'partidas' por esa frontera. Y poblaciones tan pegadas que su línea divisoria es prácticamente inexistente, como Pilar de la Horadada (Alicante) y San Pedro del Pinatar (Murcia). Es decir, en dos provincias y en dos comunidades diferentes.

Precisamente por la diversidad de idiosincrasias territoriales, varias autonomías clasifican sus datos de enfermos y fallecidos por covid-19 en lo que llaman "regiones sanitarias", cuyas delimitaciones tampoco coinciden siempre con las provinciales. Es el caso de Catalunya, Galicia y la Comunitat Valenciana, que recuerdan que muchos hospitales atienden a pacientes procedentes de provincias distintas.

Antipatía nacionalista

En el caso catalán, a la compleja realidad social hay que añadir una histórica antipatía del nacionalismo y el soberanismo hacia las provincias, por ser una forma de organización territorial propia del Estado. De hecho, tras el franquismo fueron rebautizadas de forma común como 'demarcaciones' y los distintos gobiernos autonómicos han intentado varias veces sustituirlas o diluirlas. Jordi Pujol se inventó los 'consells comarcals' para intentar neutralizar el poder de ayuntamientos y diputaciones, la mayoría en manos socialistas a finales de los años 80 del siglo pasado.

El tripartito de izquierdas aprobó hace 10 años una ley para hacer realidad las famosas siete veguerías (institución medieval surgida cuando Catalunya estaba repartida en dominios señoriales): BarcelonaCamp de TarragonaTerres de l'EbreLleidaAlt Pirineu i AranCatalunya Central y Girona. CiU dejó la norma en el dique seco cuando empezó con los tijeretazos, aunque la Generalitat sigue basando su estructura interna en estos siete territorios.

A la mala fama de las provincias han contribuido las diputaciones. Alejadas de los focos mediáticos y ensombrecidas por el tótem que forman el Gobierno, las autonomías y los ayuntamientos, estas instituciones sobreviven alimentadas por la tradición, el desconocimiento y una controvertida capacidad para crear cargos públicos y contratar personal. Su papel es clave en la llamada 'España vaciada' para ayudar a los municipios más pequeños, pero resulta más cuestionable en las grandes provincias. La joya de la corona es la Diputación de Barcelona, con un presupuesto de 955 millones de euros. 84 cargos de confianza asesoran a sus 51 diputados y tiene más de 4.000 trabajadores.