Los permisos a los presos agudizan el choque JxCat-ERC

La gestión de los permisos y grados penitenciarios de los presos del 1-O –antes y, sobre todo, después del estallido del covid-19– ha agudizado la división estratégica entre los dos principales frentes del independentismo: el gradualista de ERC y el que reivindica una nueva fase unilateral y de "desbordamiento" del Estado, a cargo de JxCat y de Carles Puigdemont, que cuenta con complicidades en sectores de la CUP.

Los partidarios de esta segunda opción han intentado generar un clima de tensión reivindicando el tercer grado para los presos independentistas y criticando que finalmente la clasificación fuera del segundo grado, la habitual al poco de dictar sentencia. La crítica iba dirigida, indisimuladamente, a la Conselleria de Justícia, a cargo de una dirigente de ERC, Ester Capella.

Capella replicó el pasado martes desde el Parlament defendiendo que la legalidad y el marco actual no permiten otra cosa que dejar en manos de las juntas de vigilancia penitenciaria la decisión en cada caso en base a criterios legales. "Ninguna convicción puede cambiar la sentencia del Tribunal Supremo", espetó, y pidió al independentismo "menos luchas cainitas, más trabajo colaborativo y más generosidad".

La tensión larvada ha ido en aumento hasta el extremo de que, ante la pandemia del covid-19, familiares de presos independentistas no han escondido su profundo enojo con la Conselleria por no permitir, alegan, la salida de los encarcelados para evitar el doble confinamiento, como sí se ha permitido respecto a otros presos. 

Discurso del miedo

La líder de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, en una entrevista a EL PERIÓDICO, puso voz a la indignación de los presos vinculados a la posconvergencia y llegó a acusar a ERC de adoptar el discurso del miedo y de la sumisión. 

En respuesta por escrito a una pregunta de este diario, el exdirigente de la ANC, Jordi Sànchez, sostiene que "se podía haber hecho nuestro paso a tercer grado temporal para ser confinados en casa y si la fiscalía se oponía, la juez ya hubiera decidido si aceptaba o suspendía la decisión". 

"No se ha hecho, y lo que es peor, se ha generado un ruido innecesario con el anuncio público que la ‘consellera’ hizo anticipando que las juntas nos confinarían en nuestro domicilio sin pasar al tercer grado. Una decisión de difícil encaje en la normativa penitenciaria y que de malas maneras el Supremo abordó de pleno. Todo ello, un juego de despropósitos", añade.

El papel del Supremo

Fuentes de ERC defienden que Capella "ha hecho absolutamente todo lo que estaba en su mano" para que pudiesen pasar el confinamiento en sus casas y alegan que "las amenazas del Tribunal Supremo a funcionarios, hicieron que determinados presos no se pudiesen acoger al recurso".

"Todas las críticas fuera de lugar que estamos viendo estos días no son más que una campaña de desgaste que no tiene por objetivo lograr el confinamiento en casa, sino un beneficio electoral y partidista", apostillan, un razonamiento que apoyan en las declaraciones del ‘president’ del Govern, Quim Torra, cuando admitió que gestiona una autonomía y que el articulo 100.2 del reglamento penitenciario se ha aplicado siguiendo el margen legal del que se dispone. 

"Dijo que él tiene las llaves de las cárceles pero no la fuerza ni la ley para tomar esta decisión", enfatizan los republicanos. Con todo, cabe recordar que salvo en el caso de la pancarta de los presos y durante solo unos días, Torra no ha actuado de forma unilateral respecto al Estado. Tampoco en lo que atañe a las leyes sociales suspendidas por el Tribunal Constitucional. 

Los presos, en su mayoría, han vivido esta y otras crisis del independentismo intentando disimular sus discrepancias y lanzando mensajes de concordia. Por ahora, los independentistas que tienen el permiso para salir a trabajar estos días son Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Cuixart, Joaquim Forn y Dolors Bassa.