25 oct 2020

Ir a contenido

DECRETO PARA AGILIZAR LA JUSTICIA

Las medidas para salvar la justicia provocan una bronca entre Gobierno y PP

El Gobierno revisará con urgencia pensiones y visitas a hijos de enfermos y afectados por el Covid-19

Casado no avala un proyecto que permite a los autónomos con pérdidas del 75% rescatar planes de pensiones

Ángeles Vázquez

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en la sede del ministerio

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en la sede del ministerio / JOSE LUIS ROCA

Si de algo presume el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, es de tratar de buscar consensos con todas las instituciones y operadores que configuran la justicia, sobre todo, cuando de lo que se trata es de modernizarla o, al menos, adaptarla a los tiempos actuales, aunque estos pasen por el covid-19. Pero todo apunta a que no va a ser posible con el real decreto que el Gobierno quiere aprobar este martes para agilizarla y evitar que colapse cuando acabe el estado de alarma y los juzgados no deban solo pronunciarse sobre servicios esenciales, como son las comparecencias de detenidos o las diligencias relativas a la violencia de género.

Entre las principales medidas que incluye el decreto para implantar en los juzgados durante los tres meses posteriores al levantamiento del estado de alarma figuran turnos para que los funcionarios también trabajen por la tarde y habilitar entre el 11 y el 31 de agosto, medida que ha levantado críticas de colegios de abogados y de jueces y fiscales.  No obstante recoge también iniciativas de calado social o economico, como habilitar un proceso exprés para revisar regímenes de visita de padres separados enfermos por coronavirus. O recalcular con urgencia pensiones a hijos si los ingresos habituales se han visto muy mermados por la pandemia. Además, se aboga por permitir el rescate de planes de pensiones para autónomos que superan un 75% de pérdidas en esta crisis.

Razones técnicas del PP

En lo que atañe a la elaboración del decreto, fuentes de Justicia destacan que se ha trabajado con todas las comunidades autónomas, los colegios profesionales, las asociaciones de jueces y fiscales y los sindicatos de funcionarios, incluso se ha consultado con los portavoces de los principales grupos parlamentarios y que todos ellos lo aplaudieron. Muestra de esta colaboración se ha señalado que fue del consejero madrileño, Enrique López, también secretario de Justicia e Interior del PP, de quien partió la propuesta de habilitar agosto, mes tradicionalmente inhábil en justicia, durante el que solo se tramitan diligencias urgentes, como comparecencias de detenidos. 

Pese a ello, ante las noticias publicadas sobre el borrador del real decreto, Pablo Casado se mostró muy crítico y anunció que no lo apoyará, entre otros motivos, porque bajo su criterio una ley orgánica "no se puede modificar por real decreto". Fuentes del ministerio, no obstante, sostienen que eso es posible, porque las modificaciones afectan solo a aspectos concretos de esas leyes, en las que no se entraba en detalle.

Casado añadió en Esradio que "no se pueden cambiar los órdenes jurisdiccionales y no se puede modificar una ley orgánica a través de un real decreto en un estado de alarma". "Lo que quiera negociar el PSOE que lo traiga al Congreso. No queremos ni negociaciones paralelas ni mesas extraparlamentarias", ha agregado. Ello le dio pie para asegurar que los españoles han podido ver que el Gobierno "no es fiable en sus planteamientos ni en sus promesas electorales ni en los pactos que hace con los demás partidos", informa Europa Press.

Preguntado al respecto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, restó importancia a las críticas de Casado y apeló a la "corresponsabilidad" de las comunidades autónomas para no prever problemas ante el real decreto.

Tercera pieza

Fuentes del ministerio lo presentan como una tercera pieza que se suma a las ya adoptadas para adaptar la justicia al covid-19 y a la desescalada. Son 28 artículos, con más de una docena de disposiciones, con las que se espera que la vuelta a la actividad se pueda hacer con la mayor seguridad para todos los implicados y de forma ágil para evitar la avalancha de asuntos que se presume acarreará el propio virus, como los ertes o los procedimientos relativos a concursos de acreedores.

Desde Justicia se insiste en que todos los plazos procesales están suspendidos y cuando se acabe el estado de alarma se duplicarán y se contará con 20 días más para presentar las alegaciones o recursos que corresponda. El decreto prevé "la celebración de actos procesales preferentemente mediante la presencia telemática de los intervinientes para minimizar el riesgo de contagio". Eso pasa incluso, en lo Penal, por celebrar juicios telemáticos, salvo "en los supuestos de procedimientos por delitos graves, en los que la presencia física del acusado resulta necesaria". Tampoco hará falta que los abogados lleven togas, para evitar contagios al ser usadas por varios.