DESDE MADRID

Los ataúdes y la independencia

El Gobierno ve lejana la reactivación de la mesa de diálogo con la Generalitat por su "brutal" oposición durante la pandemia

ERC tardó "demasiado" en desmarcarse de la afirmación de que una Catalunya independiente tendría menos muertos y contagiados

La ’consellera’ de Presidència, Meritxell Budó, en su despacho

La ’consellera’ de Presidència, Meritxell Budó, en su despacho / GENERALITAT

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José Antonio Zarzalejos
José Antonio Zarzalejos

Periodista

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Según un miembro del Gobierno, el comportamiento opositor de la Generalitat está siendo "brutal" durante esta pandemia. Este responsable ministerial considera que Laura Borràs tuvo la oportunidad de "edulcorar, distanciarse o matizar" las declaraciones de Meritxell Budó según las cuales en una Catalunya independiente habría "menos muertos y menos contagiados". El mismo presidente del Gobierno pidió en el pleno del Congreso del miércoles a la portavoz de JxCat que rectificase a la portavoz del Govern, pero lejos de atender la sugerencia de Pedro Sánchez, la ignoró y añadió que "el virus sí tiene fronteras", aduciendo el buen control del covid–19 en "Portugal y Andorra" y reivindicando la gestión de los "estados pequeños". Y la autodeterminación.

Pero la decepción gubernamental con la apelación a los ataúdes como argumento para reivindicar la independencia aumentó con el discurso de Gabriel Rufián, que dijo estar "más cerca del 'no' a la prórroga del estado de alarma que de la abstención", pero, sobre todo, porque no puso distancia con la tesis necrófila de la portavoz del Govern y de Laura Borràs. El portavoz republicano apremió al Ejecutivo a restablecer las reuniones de la mesa de diálogo pactada entre su partido y el PSOE, pero fue advertido de que "ni remotamente" se dan las condiciones para ello.

Desmarque tardío

De ahí que 24 horas después del pleno del Congreso, Rufián saliese a la palestra para considerar "nefastas" las palabras de Meritxell Budó y de Joan Canadell en apoyo de la 'consellera'. Según el presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona, "España es paro y muerte; y Catalunya, vida y futuro". El diputado independentista declaró el jueves pasado no compartir estas apreciaciones desmesuradas, asegurando que "no me escucharán nunca decir algo así". No obstante, en el Gobierno, el quiebro del portavoz de ERC "llega tarde" y su petición sobre la mesa intergubernamental de diálogo parece caer en saco roto por un tiempo indefinido y, quizá, definitivamente.

En medios socialistas se constata –"es un hecho objetivo" dicen– que JxCat, al votar en contra de la prórroga del estado de alarma y anunciar que abordará la desescalada que determine la Generalitat, mantiene el mismo comportamiento parlamentario que Vox, y que también, como Budó y Borràs ,"utiliza a los muertos", cada cual a su manera, "para erosionar" la gestión de una autoridad única que, si ya es cuestionada en prácticamente todas las comunidades autónomas, en Catalunya está siendo "directamente vilipendiada". Por otra parte, y siempre según estas fuentes, Joaquim Torra "debiera responsabilizarse de la concentración en Perpinyà del 29 de febrero" anterior, recuerdan, a las manifestaciones del 8-M, cuando el virus se extendía por toda España.

Encuestas y estrategias

Desde el PSOE se esgrimen encuestas "poco favorables" para el Govern y su gestión. La última, la cerrada por Metroscopia el miércoles en la que se refleja que, aunque la mitad de los consultados (48%) valora negativamente la coordinación entre el Gobierno y las autonomías y se puntúan mejor las gestiones de los ejecutivos de las comunidades que la del Ejecutivo central, en Catalunya este último es aprobado por el 49% de los encuestados, frente a un 40% que opina lo contrario. Estos sondeos hacen pensar al Gobierno y al PSOE que hay poca sintonía entre la ciudadanía catalana y el "tremendismo" de TorraBudó o Canadell.

En el PP también hay discrepancia por la línea argumental en la crítica a la gestión de la pandemia por el Gobierno. "Una cosa es destacar que, en España, las cifras de fallecidos y contagiados son desoladoras, y otra diferente atribuir a Sanidad la alteración dolosa de los datos". Los sectores conservadores moderados apuestan "por no parecernos a los independentistas" e "incidir más en los aspectos temporales y materiales de la gestión de la pandemia: momento de la reacción gubernamental, material sanitario disponible, coordinación con las comunidades autónomas, crisis de las libertades individuales, desproporción del confinamiento y discrepancias internas en la coalición".

El equilibrio del PNV

Los nacionalistas vascos parecen estar encontrando el mejor punto de equilibrio, porque al mismo tiempo que reivindican la asimetría en la desescalada y la integridad de las facultades autonómicas, se han abstenido de manejar discursos "hirientes" con el Gobierno, pese a que la ejecutiva del PNV ha dado un doble y discreto ultimátum a la Moncloa: la industria vasca debe comenzar a funcionar "a pleno rendimiento" y, por lo tanto, segundo aviso, sus diputados no secundarán más prorrogas del estado de alarma, entre otras razones porque las elecciones al Parlamento de Vitoria-Gasteiz se celebrarán el próximo mes de julio.

En la sede del partido en Bilbao, sin embargo, están cuidando el discurso: "Aunque en Euskadi hemos sufrido mucho con la pandemia, y en ello seguimos, no se nos ocurriría reivindicar la soberanía utilizando los muertos en ella, ni hacerlo en unos momentos que requieren la solidaridad, no ya del Estado en su conjunto, sino la imprescindible de la Unión Europea".

Cambio en el tablero catalán

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La conclusión más generalizada en los circuitos políticos matritenses es que "los de Torra y Puigdemont han perdido el oremus", que ERC –responsable de las carteras de sanidad y de asuntos sociales en el Govern– no ha sabido jugar las cartas que le diferencian de JxCat, y que Rufián ha reaccionado tarde a lo que él considera declaraciones "nefastas" de Budó y Canadell.

Y es que la política catalana, observada desde Madrid, ha cambiado sustancialmente: el Parlament de Catalunya ha aprobado el primer presupuesto desde el 2017, el Tribunal Supremo fía para muy largo la sentencia de casación sobre la inhabilitación del presidente de la Generalitat y se aleja la perspectiva de unas elecciones que se iban a celebrar después de aprobar las cuentas públicas. En Madrid y en Barcelona, de lo dicho, nada.