El Gobierno relaja las medidas pese a la alerta de expertos y la Generalitat

Tras 15 días de parada, millones de españoles volverán entre el lunes y el martes al trabajo. Se trata de una de las decisiones más arriesgadas que ha tomado el Gobierno desde que decretó el estado de alarma y el confinamiento forzoso, el pasado 14 de marzo, para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Las voces críticas con esta medida son muchas. Una parte del comité de expertos del Ejecutivo está en contra. La Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta del riesgo de levantar las restricciones de forma apresurada. La Generalitat responsabiliza directamente al presidente, Pedro Sánchez, de un posible rebrote de los contagios, tras varios días de tendencia a la baja. E incluso dentro del propio Gobierno hay división de opiniones, con los ministros de Unidas Podemos partidarios de extender la llamada "hibernación" de la economía, que está en vigor desde el pasado 30 de marzo.

Frente a todas estas dudas, la Moncloa insiste en que no hay ninguna relajación de las medidas contra el covid-19, pese a que, objetivamente, estas serán ahora menos estrictas. "No estamos desescalando ni desconfinando", señaló este sábado el titular de Sanidad, Salvador Illa.

Marlaska admite cierto "relajamiento" ciudadano ante el confinamiento

El teletrabajo se deberá primar siempre que sea posible y los comercios y locales de ocio continuarán cerrados, pero las actividades industriales y laborales no esenciales (como la construcción y las fábricas, sectores que agrupan a cerca de cuatro millones de personas) serán reiniciadas. Quienes presenten síntomas, por leves que sean, no deberán volver a su empleo, y todos los trabajadores tendrán que mantener la distancia mínima de un metro (dos, a ser posible), lavarse las manos con asiduidad y, en algunos casos en los que la aglomeración resulte inevitable, cubrirse la boca. En este sentido, las Fuerzas de Seguridad y Protección Civil repartirán entre el lunes y el miércoles 10 millones de mascarillas a los usuarios del transporte público que acudan a trabajar. Su uso, sin embargo, será recomendable, no obligatorio.

El Gobierno reconoce en privado que pisa un terreno peligroso, dentro de una emergencia sin precedentes. De ahí que casi todas las frases de los ministros tengan un tono defensivo. "No se va a producir relajación de medidas tras la vuelta al trabajo de los no esenciales. Seguimos en fase de confinamiento y todos tenemos que tenerlo claro. No hemos empezado la desescalada", dijo el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska. "Las decisiones se han tomado por consenso y el Gobierno sigue las recomendaciones de los expertos", subrayó a su lado Illa.

Los expertos

El viernes, sin embargo, uno de los miembros del comité que asesora al Ejecutivo, Antoni Trilla, jefe de Epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona, dijo que sería "sensato" mantener la paralización y aseguró que no había sido consultado sobre la decisión de volver al trabajo, unas palabras que devaluaron el mantra del Gobierno de que todas sus acciones están guiadas por los consejos de los científicos.

Ese mismo día, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, abandonó su habitual tibieza y alertó del riesgo de relajar las medidas de confinamiento. Adhanom destacó la desaceleración del coronavirus en países como España e Italia (que a partir del 14 de abril permitirá la reapertura de algunos negocios e industrias), pero también advirtió: "Deseamos como el que más ver el fin de los confinamientos, pero si se hace demasiado deprisa puede producirse un repunte mortal. Hay que controlar varios factores: asegurarse de que la transmisión está controlada, que hay suficientes servicios sanitarios y médicos, que se van a minimizar los riesgos de brotes en centros sanitarios, que existen medidas preventivas en los lugares de trabajo y que se pueden gestionar los riesgos de importación del virus".

Posibles retrocesos

La Generalitat, que desde que comenzó el periodo de alarma lleva defendiendo medidas más drásticas, no tiene ninguna duda: se está haciendo demasiado deprisa. El 'president', Quim Torra, trasladará esta idea a Sánchez el próximo domingo, durante la conferencia de presidentes, cita que se anticipa tensa por la diversidad de pareceres entre las autonomías. La 'consellera' de Presidència, Meritxell Budó, dijo este sábado que si los contagios se reproducen, el culpable será el Gobierno central. "Corremos el riesgo de que todo el sacrificio que hemos hecho sirva de bien poco. Si con estas medidas hay un rebrote, los responsables serán los que toman las decisiones sin tener en cuenta la opinión de los expertos", señaló Budó.  

Otros miembros del Govern, que prevé que el pico de contagios en Catalunya llegue al final de la semana que viene, hicieron críticas muy similares. "Si precipitamos el desconfinamiento podría cambiar esta evolución que hoy hemos conseguido controlar", dijo la 'consellera' de Salut, Alba Vergés. "El desbarajuste, la incertidumbre, la información que estamos recibiendo y las decisiones que se toman no nos están ayudando nada en la lucha contra el covid-19", sostuvo el 'conseller' de Interior, Miquel Buch.

Dentro del propio Gobierno, la vuelta a la actividad del sistema productivo genera debate. Sobre todo, entre los ministros de Unidas Podemos. Los morados, que desde que comenzó la alarma han defendido medidas sociales más amplias frente a otros miembros del Ejecutivo (como la vicepresidenta económica, Nadia Calviño), comenzaron a pedir el parón de la actividad económica antes de que Sánchez aprobara la medida. Ahora creen que esa "hibernación" debería extenderse al menos unos días más, algo que le han transmitido al presidente, según fuentes del Gobierno.