resolución del ejecutivo catalán

El Govern pone cerco a los que 'huyen' a la segunda residencia

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Xabi Barrena / Beatriz Pérez

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Superar el pico y cambiar la tendencia no es sinónimo de relajo. Al contrario, suele preceder a un redoble de esfuerzos. Siguiendo con los símiles bélicos que tanta fortuna han tenido durante  la presente pandemia, tras la batalla de Stalingrado y el desembarco en Normandía el camino hasta la derrota del enemigo no fue coser y cantar. De hecho, no estuvo exenta ni de porfía ni de reveses. Y en esta situación está la sanidad y la sociedad en Catalunya y en el resto de España. Sus gobiernos, el que tiene competenciasy el que no, mandaron ayer firmes llamadas a no bajar la guardia. Y a no irse de vacaciones. No es momento de, como se dice en catalán, ‘fer Pasqua abans de Rams’. No hay que precipitarse.

Porque lo que parecía imposible sucedió. Tras el primer fin de semana de confinamiento en que las localidades con porcentajes altos de segunda residencia se llenaron de gente –seguramente por desconocimiento o inconsciencia– pocos podían esperar que al inicio de la Semana Santa se reprodujera el comportamiento. Y aquí la ignorancia no es alegable.

Sucede en Catalunya, donde en los municipios de la costa, dijo el lunes el Govern, se ha registrado un aumento del consumo de agua del 7%, y sucede en los tradicionales feudos del asueto vacacional de los madrileños.

Ante ello, y por las quejas de los habitantes permanentes de estas zonas, cuando no voces de alarma de los servicios sanitarios, el Govern endureció también el control. Según detalló el ‘conseller’ de Interior, Miquel Buch, el Executiu ha pedido a los Mossos d’Esquadra que «intensifiquen e incrementen» los controles para detectar y sancionar a aquellos que, sobre todo desde el área de Barcelona, acuden a sus segundas residencias.

Contundencia verbal

 No ahorró epítetos Buch, tildando de «incívicos e insolidarios» a los que se saltan a la torera el confinamiento, y de despreciar la vida de los habitantes de los pueblos de acogida. Unas zonas cuyas necesidades sanitarias están dimensionadas, lógicamente, en función de la población residente, no de la flotante. Para agilizar las sanciones, Interior trabajará  con las autoridades locales de estas poblaciones.

Y es que la Semana Santa ha coincidido con los primeros mensajes de alivio o control de la pandemia en Catalunya y España. Y con las primeras luces del fin del túnel del confinamiento, todo ello mezclado y servido como un cóctel que puede resultar indigesto.

¿Esta controlada la pandemia? No, en absoluto. Ayer se registró un repunte en el número de fallecidos con respecto al lunes, aunque quizá atribuible al efecto fin de semana, por el que el martes aparecen los datos recogidos durante sábado, domingo y lunes. Pero habrá reveses y gráficos en diente de sierra.

Tanto el Gobierno de Pedro Sánchez, que es el que tiene las competencias para ello, en virtud del estado de alarma decretado, como el de la Generalitat, que sin desobedecer al Estado sí intenta trazar un relato propio de gestión adecuada, anunciaron que han encargado estudios para definir cómo y cuándo empezar a desescalar el confinamiento.

En el caso catalán, el estudio encargado por Quim Torra, más que por el Govern, lo hará el mediático epidemiólogo Oriol Mitjà, quien entregará su informe, en calidad de asesor sin remuneración, en 15 días. 

Diferencias territoriales

La lógica tesis que seguirá el desescalado es que no es lo mismo abordarlo en La Rioja, donde hay 600 casos por 100.000 habitantes, Madrid (474) o Catalunya(226) que en Andalucía (apenas 74). Y en Catalunya, no es lo mismo el área de Barcelona, con el gentío en el metro a primera hora, que en algunas comarcas del ‘rere-país’. El desescalado quizá si entienda de territorios. Según el planteamiento de Mitjà, expuesto en las redes sociales, la apuesta pasa por acabar el confinamiento por fases, dejando a la tercera edad para el final, y por zonas, en función de la gravedad del foco local. Y sobre todo, por la detección precoz de contagios con tests y aplicaciones móviles. 

El manejo del 'big data', siempre con esa presunta protección del anonimato, para detectar a qué porcentaje se salta el confinamiento o dónde se concentra el gentío, se une así a la solución más obvia: los tests.

El Executiu anunció la fabricación por parte de centros de investigación catalanes (y a cargo del propio Govern) de 170.000 pruebas, a lo largo de seis semanas, del covid-19. «El desconfinamiento –señaló la portavoz del Govern, Meritxell Budó– pasa por el cribaje a gran escala de la población».

El Gobierno central, por su parte, empezará la semana próxima el estudio estadístico y realizará tests de coronavirus a unas 60.000 personas, en dos fases, según detalló el ministro de Sanidad, Salvador Illa.