Las propuestas de la oposición para aplacar la crisis del coronavirus en Catalunya

Los partidos de la oposición han tendido la mano al Govern para abordar juntos la crisis del coronavirus pese a las diferencias políticas que les separan y han hecho llegar sus propuestas al Ejecutivo de Quim Torra.  

Ciutadans

Cs pide que se evite el colapso del sistema sanitario con la producción de test rápidos y que se dote de material de protección a los profesionales de la salud pero también a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Además, solicitan al 'president' que se coordine con la Unidad Militar de Emergencias (UME) para ofrecer la infraestructura necesaria para atender a los pacientes en hospitales de campaña y que se incremente el número de hoteles medicalizados.

En cuanto a las medidas económicas, vuelven a tender la mano para aprobar unos presupuestos de emergencia que suplanten los ya tramitados en el Parlament, que se bonifique el tramo autonómico de IRPF a los afectados, que se haga una moratoria de los impuestos autonómicos a los sectores que sufren los estragos del virus, que se aplace la creación y subida de impuestos prevista, que se suspenda temporalmente la obligación de presentar liquidaciones de tributos a manos de la Generalitat y que se impulse un fondo de liquidez para empresas que pueda facilitar el crédito a empresarios. Para los autónomos, reclaman un fondo de ayudas específico y que la Generalitat se haga cargo de sus cuotas durante el confinamiento.

En el apartado de medidas sociales, exigen la creación de un fondo especial de ayudas, un protocolo específico de riesgos laborales para los servicios esenciales, asegurar una comida al día a los niños en situaciones de vulnerabilidad, medidas de conciliación y de atención a las víctimas de violencia machistas, y dar solución habitacional a las personas sin hogar. Sobre las residencias de ancianos, solicitan el despliegue de personal médico en los centros, la realización de test rápidos, reincorporar a los trabajadores de los centros de día clausurados e implantar medidas de hospitalización en las propias residencias para evitar contagios.

PSC

Los socialistas reclaman que la Generalitat acelere el pago de las facturas pendientes a proveedores (que asciende a 2.900 millones de euros, según PIMEC) para dar liquidez a las empresas y que se establezca un mecanismo de renegociación de los préstamos concedidos por el Institut Català de Finances (ICF) y Avalis a pymes y autónomos.

En materia de sanidad, piden que se medicalicen las residencias de ancianos con material y profesionales de apoyo, que se asegure la realización de test de detección rápidos, que se establezca una vía de traslado eficaz a los hospitales para los que resulten contagiados y que se solicite a la UME la desinfección de estos centros junto a equipos de la propia Generalitat.

Por otro lado, piden aprobar un decreto de contrato con los municipios acompañada de un fondo económico para los servicios sociales, que se verán muy afectados por la crisis económica que arrastra el coronavirus.

Catalunya En Comú Podem

Los 'comuns' insisten en aprobar los presupuestos que pactaron con el Govern y acordar un plan de rescate social y económico de refuerzo del sector público que pueda incorporarse después a las cuentas tramitadas para paliar las consecuencias del virus. Las partidas previstas (900 millones de euros en Sanidad, 50 en Cultura y 26 en ayudas al alquiler) son consideradas "imprescindibles" por los morados, y aseguran que levantan el techo de gasto en más 3.100 millones de euros respecto al 2017.

El proyecto de rescate creen que debe incorporar un plan nacional para la industria y el apoyo de los autónomos y un aumento de la partida destinada a la renta garantizada de ciudadanía. Sobre este último asunto, reclaman al Ejecutivo que no paralice las solicitudes nuevas hasta que reabra el Servei d'Ocupació de Catalunya y que amplíe las condiciones para no dejar a nadie atrás. Por eso, plantean que el Govern impulse un decreto ley para otorgar de forma inmediata la renta garantizada a más familias vulnerables por vía telemática.

Por otro lado, los 'comuns' piden un plan de actuación urgente en las residencias y que estudie la posibilidad de intervenir las que sean de titularidad privada.

CUP

Los anticapitalistas solicitan un control de los precios de los productos necesarios para enfrentarse a la Covid-19 y habilitar para el sistema público todas las plazas de sanidad privada que sean necesarias de forma indefinida y sin compensación. También proponen la suspensión de los límites establecidos para las leyes de estabilidad presupuestaria en la contratación de personal en la administración pública, que no se pague temporalmente la deuda y que no cierre ningún CAP.

Por otro lado, exigen la suspensión del pago de hipotecas y alquileres, que se cancelen todos los desahucios, que se aumenten los impuestos a las grandes empresas de forma proporcionada a sus beneficios netos, que se incremente el impuesto de patrimonio y que el IRPF se eleve para los que ingresan más de 60.000 euros al año.

En el ámbito laboral, apuntan que se debe modificar el estatuto de los trabajadores para crear un permiso retribuido para los trabajadores con menores o personas dependientes a cargo; y que se prohíban los despidos. A Inspección de Trabajo requieren que endurezca su supervisión y que analice posibles ertes fraudulentos. Para los trabajadores que resulten afectados por estas medidas, reclaman una moratoria del consumo de la prestación por desocupación.

PPC

Los populares, al igual que Cs, exigen una "colaboración leal" con el Ministerio de Sanidad y el resto de comunidades autónomas, y llaman a iniciar los trámites necesarios para que la UME intervenga en Catalunya, especialmente en residencias y centros penitenciarios. También reclaman un protocolo para la dispensación a domicilio de medicamentos y la creación de una unidad central de compras para garantizar el abastecimiento de productos farmacéuticos. 

Otra de sus propuestas es desarrollar, con un presupuesto de 10 millones de euros, un plan urgente para que la industria catalana fabrique materiales indispensables en esta crisis. Sin embargo, sobre los ertes, llaman a establecer una plataforma telemática para simplificar su tramitación. Ahora bien, solicitan que se replantee el proyecto de presupuestos en trámite y que se incorpore una reforma fiscal para favorecer la situación de familias, autónomos y empresarios, que se eliminen las subidas de impuestos y reclamar al Gobierno la devolución de los 443 millones de euros correspondientes a la liquidación del IVA del 2017.

Para los empresarios y autónomos, proponen suspender la devolución de los préstamos, poner en marcha una nueva línea de avales de menos de 100.000 euros sin intereses y con hasta 10 años de devolución, incrementar hasta 30 millones de euros la partida de ayudas de la Generalitat, y ampliar hasta 2.000 euros la prestación del Departament de Treball.

En el ámbito social, piden ayudas para familias vulnerables que hayan perdido algún familiar por la enfermedad, programar la atención individualizada de urgencia, garantizar las becas comedor, incentivar a que las empresas suministradoras faciliten el aplazamiento de las facturas y poner en marcha una intermediación entre inquilinos y propietarios.