01 jun 2020

Ir a contenido

CAMBIO DE MODELO PRODUCTIVO

Bronca política en Andalucía tras un "decretazo" en pleno estado de alarma

El gobierno de PP-Cs y Vox aprueba por vía de urgencia una norma que modifica de golpe 27 leyes y 100 trámites

PSOE y Podemos amenazan con ir al Constitucional y cuestionan la urgencia de una rebaja de controles ambientales

Julia Camacho

El presidente andaluz, Juanma Moreno (PP), y el vicepresidente, Juan Marín (Cs)

El presidente andaluz, Juanma Moreno (PP), y el vicepresidente, Juan Marín (Cs) / EUROPA PRESS / MARÍA JOSÉ LÓPEZ

La mayor apuesta política del Gobierno de PP y Cs en Andalucía para esta legislatura, una norma que reduzca burocracia y reactive la economía andaluza, se aprobó esta semana con fuertes discrepancias con la oposición por las formas y el fondo. Tantas, que PSOE y Adelante Andalucía (Podemos) amenazan con ir al Tribunal Constitucional porque, además de haberse eludido el debate parlamentario, en la norma se han incluido aspectos que no requieren esa urgencia alegada por el Gobierno andaluz para sacarlo adelante en la Diputación Permanente.

Los partidos que sustentan el Ejecutivo andaluz siempre culparon al modelo de gestión del PSOE de lastrar de la actividad económica en la región durante sus 40 años de mandato. De ahí que al alcanzar la Junta plantearan como norma estrella un decreto-ley para simplificar esos trámites y fomentar la actividad productiva, apostando por una liberalización paulatina del mercado y rompiendo de plano con el modelo anterior. Así, el nuevo texto, ideado justo antes de la recesión provocada por el coronavirus y consensuado con el sector privado (pero no con los sindicatos) elimina un centenar de trámites y modifica o deroga parcialmente hasta 27 leyes y decretos vinculados al ámbito económico, urbanístico, comercial, medioambiental e incluso de las telecomunicaciones.

El decreto incluye además una reducción de tasas urbanísticas, la liberalización de los horarios comerciales y la relajación de los controles medioambientales o a los apartamentos turísticos. La oposición pone en el foco en la derogación de la norma que limitaba la construcción de campos de golf a su interés turístico, así como en las modificaciones en la Ley Audiovisual, de forma que empresas privadas podrán gestionar las emisoras municipales y se permite la inserción de publicidad institucional en emisoras pirata.

Sin debate ni informes

Para el ejecutivo, este nuevo modelo atraerá inversión privada y empresas a Andalucía, sin alterar las garantías jurídicas. Pero la oposición reprocha que un debate de tal calado se haya celebrado ‘de tapadillo’ en una cámara regional con apenas una veintena de los 109 diputados, sólo los que componen la Diputación Permanente y pertrechados con guantes y mascarillas. Y cuestiona que elementos como la reforma audiovisual o la creación de nuevos campos de golf merezcan ser tramitados por la vía de urgencia con la excusa del coronavirus y sin informes jurídicos o presupuestarios.

PSOE y Adelante Andalucía acusan al Ejecutivo de Juanma Moreno Bonilla de vulnerar el artículo 23 de la Constitución, que regula los derechos de participación de los diputados, y recuerdan que la Diputación Permanente solo está habilitada para funcionar en periodos inhábiles y en caso de disolución de la Cámara. Cuentan con el apoyo de 21 organizaciones, sindicatos, colectivos, colegios profesionales y entidades sociales, que han remitido a la Junta y al Parlamento un escrito para reclamar la paralización del decreto ley y su debate más pausado.