28 may 2020

Ir a contenido

Las preguntas de la oposición que esperan respuesta del Govern

Los partidos registran en el Parlament interrogantes por escrito para fiscalizar la gestión de la crisis del coronavirus

Júlia Regué

 El president del Govern, Quim Torra y el presidente del Parlament, Roger Torrent.

 El president del Govern, Quim Torra y el presidente del Parlament, Roger Torrent.

Las preguntas por escrito dirigidas al Govern son un mecanismo valioso para la oposición porque permite fiscalizar la gestión del Ejecutivo sobre papel. Más necesario es cuando la actividad parlamentaria está reducida a servicios mínimos sin plenos a la vista que permitan sesiones de control. Sin embargo, la Mesa del Parlament acordó el 13 de marzo, con los votos de JxCat y ERC, que los plazos de las iniciativas parlamentarias restarían prorrogadas debido al estado de alarma decretado por el coronavirus. La oposición se quejó por la "congelación" de sus peticiones en el encuentro del 31 de marzo, y forzó el levantamiento de la suspensión para volver a establecer el plazo habitual de 15 días para responder. 

Cs, PSC, Catalunya En Comú - Podem, CUP y PPC han registrado decenas de preguntas. JxCat y ERC, socios en el Govern, no suelen usar esta herramienta, por lo que niegan que su falta de interrogantes se deba a la situación de confinamiento actual.

El partido que ha presentado más requerimientos es el PSC. En el paquete de cuestiones interrogan al Govern sobre la presentación de expedientes de regulación temporal de ocupación en Catalunya y hurgan en si ha habido alguno en empresas vinculadas al sistema sanitario privado. Además, preguntan por el confinamiento en la Conca d'Òdena y por el alto índice de contagios en la zona; cuántos estudiantes y jubilados han sido contratados para hacer frente a esta crisis; qué medidas se están llevando a cabo en los centros de menores, y qué indicaciones se ha dado a los profesores sobre el teletrabajo y la continuidad de las clases en Catalunya para garantizar la educación a los alumnos más vulnerables. 

Los socialistas también cuestionan el pedido de material sanitario a la empresa Basic Devices por un importe de 35 millones de euros, una empresa a la que el Ejecutivo denunció por posible estafa, aunque después retiré el escrito ante los Mossos. En esta contratación también insisten los 'comuns', quienes preguntan detalles sobre el procedimiento contractual, sobre por qué eligieron una empresa que opera desde Luxemburgo "considerado un paraíso fiscal", si ha trabajado el Govern con toda la cartera de proveedores del Departament de Salut para conseguir material sanitario y por qué la 'consellera' Alba Vergés no atendió las demandas de los medios sobre esta compra a una empresa presuntamente fraudulenta.

UME, residencias y prisiones

Por otra parte, los 'comuns' quieren conocer los detalles de la adquisición de material de protección del personal sanitario y que el Govern especifique cómo se está llevando a cabo este reparto en los hospitales del territorio. "¿Qué capacidad de reacción ha tenido el Govern para proveerse de material de protección sanitaria cuando había la alerta de que el virus llegaba a Catalunya?", interrogan.

Cs se interesa, en cambio, por el número de trabajadores públicos en los centros de trabajo, residencias y centros de día afectados por la crisis del Covid-19. Demandan si se ha dotado de material sanitario a estos profesionales, cuál es la actuación prevista en el caso de que estos empleados resulten contagiados, y qué medida preventivas se están llevando a cabo para evitar la propagación del virus respecto a los usuarios que se encuentran en edad de riesgo o presentan patologías. 

El PPC pregunta si se han destinado equipos de protección individual a las residencias y centros de atención a personas con discapacidad, si se han desinfectado los centros, por qué se "impide" la actuación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en los equipamientos, cuántos casos se han detectado tanto en usuarios como en trabajadores, y si se ha reforzado la plantilla. 

Por su parte, la CUP dirige sus requerimientos a tres departamentos distintos: Salut, Justícia y Economia. A la Conselleria de Salut preguntan el alcance de la intervención de la sanidad privada y si hay "un negocio jurídico o mecanismo jurídico" para dicha usurpación. Hurga en si ha habido falta de camas para enfermos y en las causas de la falta de material sanitario de protección y para la atención de pacientes. A la Conselleria de Justícia piden información sobre el estado de las cárceles, por si ha habido un motín en Wad Ras entre el 15 y el 22 de marzo y si a raíz de esto ha habido traslado de internas a Can Brians. Y a la Conselleria de Economia solicita una copia del acuerdo del Institut Català de Finances (ICF) y Avalis Catalunya "para comercializar préstamos con el 75% de aval al que pueden adherirse las entidades financieras".

Todas estas cuestiones esperan respuesta del Govern.