El veto a la salida de los presos por el coronavirus enfrenta al independentismo

La decisión de las juntas de tratamiento de las cárceles donde cumplen condena los presos del 'procés' de evitar que dejen los centros para confinarse en sus casas ha provocado un gran malestar en el independentismo. A la vez que una parte del movimiento mantenía sus críticas al Tribunal Supremo por "presionar" a los funcionarios de las prisiones, familiares de los reclusos e importantes instituciones soberanistas cargaron con dureza contra la Generalitat. La ANC culpó directamente al Govern de "mantener a los presos políticos en las cárceles y no dejarles pasar el confinamiento en casa".

Las quejas contra la Conselleria de Justícia, en manos de ERC, empezaron ya el jueves, cuando se conoció que las juntas de tratamiento se oponían a las peticiones de los presos. La esposa de Jordi Turull, Blanca Bragulat, se quejó de que ese departamento "aprueba el confinamiento domiciliario de 15 presos con un 100.2 (y no son los presos políticos)", en relación a que otros reclusos en la misma situación que los impulsores del 'procés' sí lograron su objetivo. También ironizó con que "a partir de ahora quizá que cuando los mencionen hablen de políticos presos".

Los reclusos del 'procés', encarcelados por sedición tras promover el 1-O y la declaración unilateral de independencia, salían a trabajar o a hacer voluntariado social antes de que empezara la crisis sanitaria por el coronavirus. Aunque están clasificados en segundo grado, el régimen ordinario en las prisiones, el artículo 100.2 del reglamento les permitía pasar unas horas a la semana fuera de los centros. Pero la pandemia terminó con esas salidas.

El enemigo en casa

Entre los familiares de los presos también Montse Bassa, diputada de ERC en el Congreso y hermana de la 'exconsellera' Dolors Bassa, llevó sus críticas más allá del Supremo: "Que teníamos al enemigo en Madrid ya lo sabía. Lo que no sabía es que también lo tenemos en casa". Y el hijo de la 'exconsellera' se expresó en la misma dirección: "A partir de hoy, si le pasa algo a mi madre (por coronavirus o por la situación de las cárceles catalanas) o si no puede volver a abrazar a la abuela (que cuidaba ella con un 100.2 aprobado por el juez), ya no será solo culpa del Supremo", escribió.

Mientras tanto, la 'consellera' de Justícia, Ester Capella, centraba el foco en el Supremo, que avisó a las juntas de tratamiento que acceder a las pretensiones de los presos sin justificación podría ser delito. Calificó de "inaudito" que ese tribunal "coaccione" a las juntas de tratamiento para "influir" en su decisión sobre los presos y pidió a la fiscalía que investigue los hechos.

Hacia el mismo objetivo apuntaron también Quim Torra y Oriol Junqueras. Lo hicieron con cartas a instancias internacionales en las que explicaban que las "amenazas" del Supremo han conducido, bajo su punto de vista, a que los presos sufran un "trato discriminatorio". El 'president' se dirigió a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. El líder de ERC, el principal condenado por los hechos de octubre del 2017, pidió desde la cárcel de Lledoners, amparo "urgente" a la ONU y al Consejo de Europa.