EPIDEMIA GLOBAL
El Supremo advierte a la Generalitat de que excarcelar a los presos del 1-O podría ser delito
El Supremo avisa de que excarcelar a los presos del 1-O podría ser delito. En la foto, los políticos independentistas presos en la cárcel de Lledoners, en diciembre del 2018. / periodico
Por qué confiar en El Periódico Tras un tiempo en segundo plano por el estallido de la crisis provocada por el coronavirus, la situación de los políticos independentistas presos provocó este martes un nuevo choque entre la Generalitat y los tribunales españoles.
La 'consellera' de Justícia, Ester Capella, afirmó que el Govern está estudiando que reclusos en régimen ordinario como ellos, que hasta el inicio del estado de alarma dejaban durante varias horas a la semana la prisión para trabajar o hacer voluntariado en virtud del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, se beneficien de la posibilidad de cumplir condena en casa mientras dure la emergencia sanitaria. Pero de momento esa eventualidad solo está autorizada para presos en tercer grado, y los impulsores del 'procés' han vuelto al encierro permanente.
Capella recibió en el acto una contundente respuesta del Tribunal Supremo: si esa decisión no está justificada, los que la tomaran podrían incurrir en un delito de prevaricación.
Cuixart, Junqueras y Romeva
En una entrevista en Catalunya Ràdio, la titular de Justícia explicó que las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas estudian si la situación de emergencia por el covid-19 permite que presos a los que se les aplica el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, entre ellos los líderes del 'procés', cumplan condena estos días en sus domicilios. Tres de ellos, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras y Raül Romeva, ya han solicitado al Tribunal Constitucional poder hacerlo.
"El 69% de las personas en tercer grado ya están confinadas en su casa", explicó Capella sobre esos presos en régimen de semilibertad, que no es el de los impulsores del 'procés'. La 'consellera' añadió que, desde el inicio del brote de covid-19, su Departamento ha tomado decisiones para evitar aglomeraciones en los centros penitenciarios siguiendo las medidas de confinamiento. En cualquier caso, las salidas tendrían que ser avaladas por el juez de vigilancia.
En un comunicado, Justícia subrayó que antes de la emergencia sanitaria en el conjunto de centros catalanes había 157 presos catalogados en segundo grados con el artículo 100.2 y que con la llegada de la pandemia, la Generalitat ha progresado a 57 a un tercer grado.
Malestar en el entorno de los presos
En el entorno de los presos existe malestar hacia la Conselleria de Justícia porque consideran que al hacer depender la decisión de las juntas de tratamientos se pierden opciones de ejecutar medidas que, alegan, se podrían enmarcar en la decisión de enviar a muchos otros presos a sus domicilios.
El Tribunal Supremo, como tribunal a quien corresponde la ejecución de la sentencia de los presos del 'procés', prefirió no esperar a que esa hipotética excarcelación se produzca y respondió al anuncio con una advertencia: podría ser constitutiva de un delito de prevaricación, informa Ángeles Vázquez.
Aviso a los funcionarios
Si se acuerda la excarcelación, el Supremo se dirigirá a las juntas de tratamiento responsables "para que a la mayor brevedad expliquen el fundamento jurídico que justifica esa decisión e identifiquen de forma nominal a los funcionarios que han apoyado ese acuerdo". El tribunal añade en un comunicado que ello "se enmarcaría en la exigencia de responsabilidades penales por la posible comisión de un delito de prevaricación".
La portavoz del Govern, Meritxell Budó, defendió que las juntas de tratamiento de las cárceles estudien estos casos. Y, sobre la advertencia de que podrían incurrir en prevaricación, respondió con ironía: "Alguien podría pensar que hay un delito de prevaricación, sí".
Puigdemont: "Miserables prevaricadores"
Se refería a lo que dijo poco después con mucha más claridad, vía Twitter, el 'expresident' Carles Puigdemont. "No ha sido nunca justicia, siempre ha sido venganza. Miserables prevaricadores que aplican el derecho del enemigo. Los presos políticos deben salir de las cárceles de forma inmediata", apuntó.
La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, evitó cargar las tintas contra la Generalitat, a pesar de que el Govern ha dado la instrucción a las juntas de tratamiento en un momento en que la autoridad penitenciaria está en manos del Ministerio del Interior en virtud del estado de alarma.
Más de 2.000 presos en toda España cumplen pena en casa bajo control por el estado de alarma
2.071 presos de toda España que están clasificados en tercer grado o régimen abierto cumplen su condena en casa controlados por una pulsera telemática o por teléfono tras el decreto de estado de alarma y las restricciones de salidas y entradas en prisión. A ellos se suman 2.690 internos que ya tenían esta situación antes del estado de alarma, por lo que en la actualidad hay 4.761 presos en domicilio.
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