ESTADO DE ALARMA

Justicia para combatir el coronavirus

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Ángeles Vázquez

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En tiempos de incertidumbre es frecuente que la gente acuda a la Justicia buscando poner algo de orden en el caos. Por eso no es extraño que ante la pandemia del coronavirus muchos hayan acudido a los tribunales para tratar de conseguir las mascarillas y los equipos de protección que las administraciones se han visto incapaces de facilitar al personal sanitario y al que forma parte de los servicios esenciales para mandarles a primera línea de combate.

En Madrid, Catalunya, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunitat Valenciana y Canarias, asociaciones y sindicatos de médicos y de enfermería han acudido a la jurisdicción Social para tratar de que se obligue a las respectivas consejerías a facilitar las batas, gafas, mascarillas y guantes necesarios para tratar de evitar contagiarse con el virus. Y salvo en Canarias y Catalunya, al menos de momento, varios juzgados han dado 24 horas a las administraciones correspondientes para evitar los riesgos laborales de los sanitarios.

En Madrid, la Asociación Profesional de Independiente de Fiscales reclamó lo mismo para los fiscales y funcionarios que durante el estado de alarma deben prestar servicios esenciales, entre los que figuran las comparencias de detenidos y la violencia machista. La fiscalía ha recurrido el plazo de 24 horas dado por un juez al Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado, al entender que solo es competente para ello la Audiencia Nacional.

También se intentó con el Ministerio de Sanidad por Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), pero sin concretar la resolución concreta impugnada, por lo que el Tribunal Supremo entendió conveniente esperar a la demanda para pronunciarse sobre la reclamación después haber oído a las partes.

A por los políticos

Las denuncias penales contra responsables políticos probablemente no hayan hecho más que empezar, después de que un juzgado de Madrid admitiera una por prevaricación administrativa y lesiones por negligencia profesional contra el delegado del Gobierno madrileño.

El mismo abogado presentó ante el Supremo una contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como cooperador necesario de los delitos que en su opinión cometieron todos los delegados del Gobierno al permitir concentraciones de personas entre el 5 y el 14 de marzo, como la del 8-M. Aún está pendiente de ser admitida o rechazada.

A ellas se ha sumado otra en el Tribunal Superior de Justicia valenciano contra el presidente de esa comunidad, Ximo Puig, la delegada y el subdelegado del Gobierno, el alcalde de Valencia y el concejal de fiestas. En su caso incluye también los homicidios por imprudencia.

Condenas por salir a la calle

Por incumplir el confinamiento con el que se pretende atajar la propagación de la enfermedad han sido ya varios los condenados a multas y penas de prisión de hasta seis meses. Las sentencias se han dictado en Canarias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y La Rioja. Además, en Madrid se ha enviado a prisión incondicional al que atropelló a un guardia civil que pretendía que se detuviera en un control.

También han sido frecuentes las peticiones de libertad de distintos presos, entre los figuran el extesorero del PP Luis Bárcenas o el excomisario José Manuel Villarejo. En Andalucía uno de ellos solicitaba la medida alegando que precisamente el estado de alarma y el confinamiento en el domicilio le impedirían fugarse. Y varios de los condenados del 'procés' (Oriol Junqueras, Raül Romeva y Jordi Cuixart) han solicitado al Tribunal Constitucional que deje en suspenso sus condenas, además de mientras resuelve sus recursos, para prevenir su contagio en prisión durante la pandemia.

En otro orden de cosas, los jueces de familia han revisado el régimen de visitas y de custodia de menores durante el estado de alarma, que no alteraba el previsto, pero que podía resultar afectado por el contagio o riesgo de contraer la enfermedad por uno de los dos progenitores y las patologías del propio menor.