El Gobierno, desbordado

El miércoles fue un día dramático en la Moncloa. El barómetro del CIS de marzo reprochaba al Gobierno (67% de los consultados) su tardía respuesta a la pandemia antes del estado de alarma. Ese mismo día, se conocía el retrasado positivo en el covid-19 de la vicepresidenta  Carmen Calvo, a sumar a los de las ministras Irene Montero y Carolina Darias. Alivio, sin embargo, porque la titular de Presidencia seguirá al frente de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, preparatoria del Consejo de Ministros.

Ese día el ministro Salvador Illa anunció una importante compra de material sanitario por un montante de 432 millones de euros (ayer aumentó a 570) pero cuya disponibilidad se producirá entre abril y junio, adquisición diluida por el fiasco de más 50.000 tests de detección rápida defectuosos y devueltos al proveedor, todavía anónimo.

Al mismo tiempo, una jueza de Madrid incoaba diligencias para investigar al delegado del Gobierno en la región por posible comisión de lesiones y prevaricación por la autorización de la concentración del 8-M, y comenzaban a surgir plataformas para ejercer la acción penal popular contra el Ejecutivo. El Congreso prorrogaba también el real decreto de estado de alarma, pero entre ácidas críticas a Pedro Sánchez y con la abstención de todo el independentismo catalán y de EH Bildu, formalmente, socios del líder socialista y del PSOE.

Confinamiento unilateral

Mientras en Catalunya fragua una radical contestación al Gobierno, primero mediante la abstención en el Congreso sobre la continuación del estado de alarma y, luego, con el venteo de un informe de expertos que propugna la necesidad de un cierre total de la actividad económica "no esencial" y medidas unilaterales de confinamiento expresamente desautorizadas por Madrid, con la intervención -al margen de la Generalitat- de efectivos de la UME para desinfectar residencias de ancianos.

Desde el Govern se asume que Catalunya entrará pronto en un escenario dantesco (el 24 de abril, entre 8.000 y 13.000 muertos en el país) y las relaciones con la Moncloa alcanzan una alta tensión a la que dio carta de naturaleza el discurso de Gabriel Rufián en la Cámara baja. El republicano no se abstuvo de ridiculizar, incluso, a los mandos militares que comparecen a diario para ofrecer la información de la jornada en sus distintos ámbitos de competencia (señoros condecorados, los denominó).

La centralización bajo la autoridad única que establece el real decreto de alarma -el Gobierno y los ministros, por delegación, de Defensa, Interior, Transportes y Sanidad- no está funcionando satisfactoriamente. Las comunidades autónomas, lejos de una coordinación adecuada, actúan por su cuenta. Hacen compras en el mercado internacional de material sanitario al margen del Gobierno que debe apoyarse en un consorcio de empresas del Ibex (Telefónica, Santander, Iberdrola, Inditex y BBVA) que han puesto sus plataformas internacionales de adquisición de suministros a disposición de la Administración General del Estado, con una aportación de 150 millones de euros. 

Residencias fantasmales

Para el Ejecutivo fueron un golpe a su capacidad de control de la situación las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, según las cuales, el Ejército estaba localizando cadáveres de octogenarios en residencias fantasmales. "Seremos implacables", anunció la ministra, pero hasta el momento solo se ha abierto en Burgos una investigación judicial. Robles puso al sector en pie de guerra como lo está el personal sanitario que registra un número de contagios tan alto que solo se explica por la indigencia en la disposición de medios de protección personal (mascarillas, guantes, gafas).

Por otra parte, los mensajes gubernamentales se multiplican a través de un sinfín de portavoces -ministros, secretarios de Estado, militares, policías, expertos- que en muchas ocasiones entran en contradicciones o en confusiones que provocan aturdimiento sobre una ciudadanía que está consumiendo información con desordenada avidez.

El cuadro de situación es todavía más oscuro si se tiene en cuenta que, pese a que cada día se avanza en la derrota del covid-19, la opinión pública  soporta, de una parte, un confinamiento largo y tedioso en el que comienzan a abundar problemas físicos y psíquicos, y, de otra, noticias impactantes y sobrecogedoras de más fallecimientos y contagios. Concurre, además, la desasosegante sensación de que la extremada vulnerabilidad de las personas con edades superiores a ochenta años las convierte en irremediables víctimas de la pandemia pero también de la insuficiencia de medios sanitarios y terapéuticos.

El Gobierno, no sin cierto estoicismo pero también con un  empuje cada día más mermado, está siendo vapuleado por los acontecimientos, por la competencia que le plantean las comunidades autónomas, por las críticas a la tardanza en tomar medidas anteriores al estado de alarma y por la sospecha de que la relaciones entre el PSOE y Unidas Podemos son difíciles aunque ayer el Consejo de Ministros adoptó una medida crucial y compartida: la prohibición temporal de despidos basados en la crisis sanitaria.  

Emergencia social y política

La salida de esta coyuntura tan crítica -se da por quebrado el pacto entre el PSOE y ERC, el ejercicio del 2020 sin Presupuestos y la agenda social, naufragada- se producirá en un escenario de emergencia social y política que es posible que aconseje un apoyo transversal a Sánchez hasta alcanzar un nivel de soportable normalidad. Mientras tanto, el zarandeo al Gobierno está resultando un espectáculo tan lamentable como penoso que pudo haber remediado una frustrada cumbre de la Unión Europea (UE) este jueves, que, entre tensiones y reproches, aplazó cualquier decisión hasta abril. Demasiado tarde para un Ejecutivo que, como este de coalición, reconoce estar ya desbordado.