El Govern paraliza toda su obra pública tras las críticas recibidas

Si el numero contradicciones en que se incurre es una muestra de poco dogmatismo, el Govern de Quim Torra puede jactarse de ser uno de los menos dogmáticos del mundo. Esta sería una conclusión más que generosa con el Ejecutivo catalán tras su exhibición de los últimos días del baile de la yenka con respecto a la paralización de su obra pública. Ora paralizamos, ora desmentimos, ora la volvemos a parar. Sin olvidar la mayor contradicción de todas, la que supone exigir a quien tiene ahora las competencias, el Gobierno de Pedro Sánchez, un confinamiento total del que solo se salven los sectores imprescindibles y, en paralelo, tener en marcha 20 actuaciones, con el trasiego de personas que ello conlleva.

Finalmente, el Govern, reunido este viernes de manera extrordinaria, decidió  «la suspensión de la ejecución de contratos de obra que no sean básicas o estratégicas», tras el amago del pasado miércoles, estén o de acuerdo los contratistas.

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Cambio normativo

 Una modificación normativa parece que es la llave que ha permitido dejar en ‘stand by’ las 20 obras públicas (de 37 en marcha) que aun quedaban en funcionamiento. Las otras 17 fueron  paralizadas por las propias empresas de manera voluntaria. Budó detalló que la Generalitat se hará cargo de todos los gastos (laborales y de alquiler de maquinaria, por ejemplo)  que se deriven de la decisión del Consell Executiu.

Budó detalló que el Govern había decretado la suspensión de dichas obras la semana pasada, “pero el Gobierno del PSOE y Podemos aprobaron un real decreto por el que solo el sector privado podía suspender las obras a petición propia». Lo que ha hecho al final el Govern de Torra  es introducir una modificación para que el Ejecutivo catalán «de oficio pueda suspender la ejecución de contratos de obra, tanto de la Generalitat como de su sector público, mientras dure estado de alarma».

Al ser una medida «de urgencia», Budó ha señalado que no tienen cuantificado el coste que supondrá para las arcas públicas asumir los gastos de la paralización de las obras públicas.

Tras la marcha atrás del miercoles por la tarde al decreto de esa misma mañana, las redes sociales se llenaron de críticas al Executiu. También el Ayuntamiento de Barcelona puso sobre la mesa la contradicción  en que incurría el Govern. El gobierno municipal anunció el 17 de marzo que paraba 72 obras públicas, excepto las de emergencia: el bombeo de agua de la plaza de las Glòries y trabajos en los diques del Port Olímpic y el Port Fòrum. En declaraciones a este diario, el concejal de Presidencia, Jordi Martí,  afirmó el jueves que «si es cuestión de los proveedores, nosotros los citamos y negociamos con ellos. En 24 horas lo paramos todo y nadie nos ha denunciado».

Confinamiento de Igualada

 Por otra parte, el ‘conseller’ del Interior, Miquel Buch, lamentado que el Boletín Oficial de Estado solo hubiera publicado el confinamiento en fase 1 -solo perimetral- de los pueblos de la Conca de Ódena, donde se ubica Igualada. Con ello, Buch entiende que el Gobierno no acepta la fase 2, que supondría que todo el mundo tendría que estar confinado en este territorio, salvo servicios básicos.

Ante esta situación, el Govern exigió al Ejecutivo central que tomara medidas para atenuar las consecuencias económicas a los 10.000 trabajadores  sobre los que pesa la obligación de acudir a su puesto de trabajo, más allá de los confines de la reclusión y, en virtud de las medidas de seguridad, no pueden salir del cordón sanitario. 

Asimismo, el Govern de Quim Torra incluyó toda la actividad funeraria en el capítulo de prestación forzosa para poder incidir en su funcionamiento. Según explicó la portavoz del Executiu, Meritxell Budó, la prestación de servicios debe ser segura para quien trabajan en el sector “a pesar de que no haya ninguna evidencia de que el virus se transmita a través de los difuntos”. La actividad funeraria, según Budó, será “continua y universal” y tendrán un precio máximo.