Los sindicatos avisan de que no se denuncian abusos sexuales en la administración por miedo

Carles Garcias (izquierda) y Alfred Bosch

Carles Garcias (izquierda) y Alfred Bosch / ACN

Fidel Masreal

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El acoso sexual a varias trabajadoras por parte del que era mano derecha del ya 'exconseller' Alfred Bosch, tapados durante meses indignaron al 'president' Quim Torra y a Junts per Catalunya. Lamentaron profundamente que el 'conseller' de Exteriores no activara el protocolo contra abusos de que dispone el Govern.

¿Y cómo ha funcionado este procolo en los cinco años que lleva en funcionamiento? De entrada, una cifra: según datos de la Fundamental Right agency de la UE, una de cada dos mujeres ha vivido un caso de acoso sexual en el entorno laboral. La Generalitat emplea a 240.000 funcionarios. En cinco años, los casos denunciados han sido 25. ¿Es que en la administración catalana existe una actitud más avanzada, o que los casos no afloran?

La directora general de función pública, Pilar Sorribas, afirma que no puede comparar la cifra con la de otras administarciones porque muchas carecen del mismo y que el protocolo es bien conocido y ofrece todas las garantías. "Para nosotros un solo caso es mucho, se trata de erradicarlos todos".

Los sindicatos tienen una visión diferente. Pablo Caparrós, del sindicato mayoritario entre los funcionarios (CATAC), no puede ser más claro: "Dame una sola razón para denunciar si tengo muy claro que no pasará absolutamente nada con el denunciado. Esta es la cuestión. En las denuncias hay un porcentaje muy elevado en el que los acosos son verticales descendientes". Es decir, ejercidos por superiores a las víctimas.

Es lo sucedido en Exteriores. "Afecta a una persona de un nivel muy alto, el jefe de gabinete de un 'conseller', persona de confianza extrema. Y esta conducta se ha de tapar...pero al final las cosas acaban saliendo", describe. Caparrós muestra su condena e indignación: "Han actuado con una prepotencia escandalosa, es de proporciones enormes". A todo ello añade la dificultad de la víctima a la hora de revivir -en la entrevista privada ante el comité del protocolo- todo lo sucedidio.

También Joan María Sentís, de CCOO, corrobora el problema de fondo: "Nos extraña que haya solo estos casos. No nos cuadra nada". Sentís también corrobora que no se denuncia porque se trata a menudo de abusos de un superior. "Es triste, pero es así". Por ello reclama revisar el mecanismo.

Pilar Sorribas recuerda que el protocolo permite que denuncien no sólo la víctima sino las unidades administrativas y los sindicatos, que se garantiza la confidencialidad y la actuación en 15 días. Si el caso reviste gravedad, se toman medidas cautelares de inmediato. La mayoría acaban en expediente disciplinario, con sanciones administrativas, que no son excluyentes de la vía penal. Pero sobre el caso de Exteriores prefiere no opinar más allá de lamentar no haber sido informados.