DESPLIEGUE DE SEGURIDAD
Marlaska toma el control de los Mossos y el resto de policías
Luis Rendueles
Redactor
Escribo sobre sucesos y territorios negros desde hace treinta años. Con Julia Otero en la radio. Prensa Iberica desde 2021. Antes, subdirector de Interviu.
Luis Rendueles
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, es ya el "mando único" de todos los cuerpos policiales, incluidos los Mossos d'Esquadra, que quedarán bajo sus "órdenes directas", según ha explicado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras anunciar la declaración del estado de alarma en todo el país para luchar contra la pandemia del covid-19.
Marlaska será uno de los cuatro ministros que ejercerá como "autoridad competente delegada" en todo el territorio español para hacer que se cumplan las medidas del Decreto Ley 463/2020 aprobado en el Consejo de Ministros y tendrá también bajo su mando a los integrantes de todas las policías locales y de Protección Civil. El texto legal establece que "en aquellas comunidades autónomas que cuenten con cuerpos policiales propios, las Comisiones de Seguimiento y Coordinación previstas en las respectivas Juntas de Seguridad establecerán los mecanismos adecuados" para asegurar el cumplimiento de las decisiones.
Fuentes del ministerio del Interior explicaron que el domingo 15 de marzo tendrá lugar la primera reunión de coordinación entre el ministro Grande-Marlaska y los "actores y cuerpos policiales" estatales, autonómicos y locales para aplicar las medidas del Real Decreto.
El ejército, "preparado"
Las competencias de Marlaska, que contará con poderes excepcionales, le permitirán también ordenar el cierre de carreteras o de algunos tramos de las mismas. Además, podrá contar con la colaboración del Ejército español, de quien el presidente del gobierno anunció que "ya está preparado para ello".
Para hacer cumplir las medidas de confinamiento, el ministro del Interior podrá, por ejemplo, suspender las vacaciones de los agentes bajo su mando, algo que ya se ha anunciado con carácter inmediato para los 65.000 agentes activos de la Policía Nacional y los más de 76.000 guardias civiles. Todos ellos deberán estar disponibles y localizables en un muy breve lapso de tiempo para incorporarse al servicio.
Los miles de agentes que van a ser desplegados por las calles vigilarán que se cumplan las medidas aprobadas en el Real Decreto. Y estarán capacitados por la ley 4/1981 para identificar a las personas que las incumplieran y proponer sus sanciones. Los ciudadanos que no hagan caso a sus indicaciones podrían cometer un delito de desobediencia o uno de resistencia a la autoridad, según la legislación que va a aplicarse. Esas normas contemplan multas que van desde los 100 euros (casos leves) a los 600.000 euros si se trata de casos muy graves de resistencia a la autoridad.
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