Junqueras y Romeva piden al TC que anule la sentencia del 'procés'

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, y el exconsejero Raül Romeva piden al Tribunal Constitucional en su recurso de amparo que anule la sentencia del 'procés', que les condenó a 13 y 12 años de prisión, respectivamente, por el "obsoleto" delito de sedición, porque consideran que vulneró sus derechos democráticos básicos y la inmunidad e inviolabilidad parlamentaria, ya que, en su opinión, ignoró la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que reconocía los derechos del primero como eurodiputado desde mayo.

El recurso sostiene que con su condena se vulneraron sus derechos de reunión y de manifestación, de libertad de expresión de ideas políticas, de libertad ideológica y de participación y representación política. Mientras se resuelve la impugnación, último paso para poder acudir a la justicia europea, Junqueras y Romevan solicitan al alto tribunal que deje en suspenso sus condenas, para evitar un cumplimiento anticipado, teniendo en cuenta el tiempo que tardó en resolver los recursos anteriores, lo que implicaría su inmediata puesta en libertad.

Sin riesgo de fuga

Para ello argumentan su "absoluto arraigo" en Catalunya y destacan el "hecho público y notorio" de que ambos disfrutan ya de salidas del centro penitenciario por la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

El recurso, muy crítico con la desproporcionalidad y arbitrariedad que permite interpretación que hace el Supremo de la sedición, afirma que el Supremo "infrigió los derechos políticos y civiles" del exvicepresidente catalán, así como "el derecho de la Unión que protege los privilegios e inmunidades necesarios para el cumplimiento de sus objetivos", al ignorar la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 19 de diciembre, en la que reconoció al inmunidad de Junqueras, tras ser eurodiputado.

Sin caso al TJUE

El abogado de ambos, Andreu Van den Eynde, insiste en que debería haber pedido el suplicatorio para poder proceder penalmente contra Junqueras y que la sentencia no se debió dictar sin conocer antes la decisión del tribunal europeo, a la que propone volver a acudir en caso de que el Constitucional tenga alguna duda.

Considera también que la inmunidad parlamentaria de diputados y senadores pues el Supremo "en ningún caso" consideró que los acusados electos en las elecciones generales del 28 de abril "disfrutaran de inmunidad y ha procedido como si esta no existiera", al no tramitar suplicatorio alguno. Además, insiste en que los hechos juzgados estaban amparados por la inviolabilidad parlamentaria.

Solicita plantear varias cuestiones prejudiciales: una sobre si el Supremo puede rechazar la petición de las defensas de incorporar al sumario otros procedimientos judiciales relacionados intrínsecamente con los hechos enjuiciados; otra se reiere al pronunciamiento por parte de miembros del Gobierno, cargos administrativos, diputados y senadores, respecto de la culpabilidad de los acusados durante el procedimiento, y sobre que el alto tribunal ignoró la sentencia del TJUE sobre Junqueras.