03 jun 2020

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EMERGENCIA SANITARIA

Coronavirus: ¿Qué es el estado de alarma en España? ¿En qué consiste?

Esta medida puede limitar la circulacion de personas, intervenir industrias o requisar bienes

Jose Rico

La Puerta del Sol de Madrid, desierta.

La Puerta del Sol de Madrid, desierta. / DAVID CASTRO

El Gobierno ha declarado el estado de alarma en toda España ante la propagación de la pandemia del coronavirus. Regulado por el artículo 116 de la Constitución, este precepto permite al Ejecutivo aplicar medidas excepcionales en situación de extrema necesidad.

¿Qué es el estado de alarma?

El estado de alarma es el más leve de los tres estados excepcionales (alarma, excepción y sitio) y está previsto para grandes catástrofes, crisis sanitarias o paralizaciones graves de los servicios públicos como consecuencia de huelgas o conflictos laborales. En concreto, la ley orgánica que regula estos estados precisa que el de alarma es el más indicado para afrontar "epidemias y situaciones de contaminación graves".

También es posible decretarlo ante terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud, o ante situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.

¿Qué medidas permite?

El estado de alarma permite, sobre el papel, poner a los cuerpos policiales, nacionales y autonómicos, bajo las órdenes directas del Gobierno. Aunque, en principio, esta situación no afecta a la vigencia de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, algunas libertades sí se pueden ver afectadas.

La ley faculta al Gobierno a limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos. También se pueden practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias, así como "intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados".

Es posible asimismo limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad, e impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados. Ante crisis sanitarias, la ley especifica que el Gobierno podrá adoptar todas las normas establecidas para la lucha contra las enfermedades infecciosas.

¿Cuánto tiempo puede durar?

El estado de alarma puede ser aplicado directamente por el Gobierno mediante decreto por un plazo máximo de 15 días, aunque el Ejecutivo debe "dar cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto". Cualquier prórroga de la medida sí deberá ser ya aprobada por la Cámara baja, que en este caso podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga.

¿Afecta a toda España?

El estado de alarma puede afectar a todo el país o solo a una parte. El decreto del Gobierno para activar este mecanismo delimita el ámbito territorial al que afecta.

¿Hay sanciones si se incumplen las limitaciones?

Incumplir o resistirse a las órdenes que conlleva el estado de alarma será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes. Si estos actos fuesen cometidos por funcionarios, podrían ser suspendidos de inmediato en el ejercicio de sus cargos. En caso de que fuesen cometidos por autoridades, las facultades de estas que fuesen necesarias para el cumplimiento de las medidas acordadas en ejecución de la declaración de estado de alarma podrán ser asumidas por la autoridad competente durante su vigencia.

¿Puedo pedir alguna indemnización si las medidas me provocan algún daño?

La ley recoge que quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes.

¿Se ha decretado alguna vez?

El estado de alarma se declaró por primera y única vez el 4 de diciembre del 2010, cuando una huelga salvaje de controladores obligó a cerrar el tráfico aéreo en España. En aquella ocasión, el Gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero militarizó las torres de control.