Archivan la investigación sobre el presunto 'pucherazo' en las primarias de Cs

La Fiscalía de Valladolid ha acordado el archivo de las diligencias de investigación abiertas a raíz de la denuncia anónima con relación al proceso de elección en <strong>primarias </strong>de forma telemática del candidato de dicha formación a la presidencia de la Junta de Castilla y León para las elecciones de mayo del 2019, Francisco Igea, al apreciar que no existen indicios bastantes de infracción penal.

De la investigación realizada por los presuntos delitos de daños informáticos y falsedad documental, el departamento que dirige Soledad Martín Nájera no ve acreditado que se haya producido el uso de programa, instrumento o mecanismo apto para dañar, alterar o suprimir datos informáticos o los programas informáticos utilizados para la votación, ni se han realizado accesos no autorizados al sistema y no se han alterado documentos electrónicos ajenos.

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Los 82 votos detectados emitidos por vía telemática pero no validados a favor de la otra candidata, Silvia Clemente, fueron realizados, en principio, por usuarios autorizados como afiliados, tal y como apunta Fiscalía de Valladolid a través de un comunicado.  La pretensión de "engaño" del sistema por esta vía era totalmente inadecuada y apurando las posibilidades del tipo penal constituiría una tentativa inidónea de alteración impune.

Base de votos

La fiscalía considera también que la declaración realizada en la mañana del día 9 de marzo de 2019 por la Comisión de Valores y Garantías fue precipitada al realizarse sobre la base de votos emitidos y no de votos dados por válidos y certificados por el propio sistema.

"Esa declaración de 9 de marzo de 2019 en la que la Comisión declaró la condición de candidata por la formación de Silvia Clemente carece de relevancia jurídica, en tanto no otorga estatuto jurídico, ni derecho alguno (económico o de otra naturaleza) a la persona señalada. Fue, además, modificada por la de 11 de marzo de 2019". Esta decisión, advierte la acusación pública, no excluye que se formule denuncia ante el Juzgado de Instrucción correspondiente.