El juez alarga un año más el plazo para investigar el 'caso 3%'

El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha prorrogado un año más el plazo para finalizar la instrucción del ‘caso 3%’ sobre el presunto pago de comisiones a Convergència Democràtica (CDC). El 23 de febrero vencía del plazo antes establecido para investigar la trama. Este nuevo periodo no tiene por qué agotarse y la instrucción puede finalizar antes. Fuentes jurídicas han apuntado que el proceso encara la recta final después de la entrega al magistrado, en diciembre pasado, de unos informes de la Guardia Civil que concretaban el circuito económico establecido entre empresarios y el partido a través de dos fundaciones de la órbita convergente.

El togado recuerda en su auto que la ley fija un sistema de plazos máximos para el desarrollo de la instrucción de procesos penales, que con carácter general es de seis meses, pero que puede prorrogarse si la causa está declarada compleja, como es el caso. El fiscal anticorrupción José Grinda, encargado de este proceso, requirió al juez De la Mata la semana pasada una nueva prórroga, argumentando que la investigación "afecta a hechos de complejidad que requiere la elaboración de periciales sobre la abundante documentación que ha sido intervenida".

La instrucción del 'caso 3%' encara su recta final

En su escrito agrega también que deben abordarse otras cuestiones, como las relativas al concurso para la gestión de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL), que abastece de agua a Barcelona y otras poblaciones. Esta licitación la ganó Acciona en contra de Agbar. Tras una ardua batalla judicial, el Tribunal Supremo la anuló.

Los investigadores están analizando las donaciones realizadas a favor de las fundaciones de la órbita de CDC en fechas próximas al concurso de ATLL, ante la posibilidad de que el partido hubiera recibido 'mordidas' por esta operación. Hace unos meses, dos directivos de la Agència Catalana de l'Aigüa (ACA) declararon que <strong>Germà Gordò,</strong> cuando era secretario del Govern de Artur Mas, le había presionado para adjudicar contratos a Agbar, una de las empresas donantes de las fundaciones vinculadas a CDC.

Sin tiempo para los peritajes

Las pruebas periciales son otro problema. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) remitió en enero al juez De la Mata un escrito en el que ponía de manifiesto las dificultades con las que se ha encontrado un funcionario durante los trabajos preliminares para poder realizar los peritajes de 29 contratos bajo sospecha. Son dos: la "existencia de un ingente volumen de documentación no sistematizada, ni agrupada por expedientes" y "la falta de concreción del objeto" a analizar de cada contrato, "más allá de una referencia genérica sobre la adecuación a la legalidad de los procedimientos de contratación".

De entrada, según el funcionario encargado del peritaje, para identificar la documentación necesaria para su trabajo sería necesario revisar todos los tomos y archivos y proceder a su clasificación y análisis, ya que, en caso contrario, el informe "podría ser poco defendible al existir lagunas". A su entender, el tiempo para la realización del peritaje en la situación actual –"desorganización de la documentación y objeto genérico"– superaría los plazos establecidos en la ley para el desarrollo de la instrucción. En concreto, sostiene que, antes estas circunstancias, podrían emitir informes de dos contratos cada año, por lo que la labor se dilataría en el tiempo.

La Intervención General comparte los criterios de este perito y entiende que debe replantearse la viabilidad del peritaje para que sea válido, acotando el informe a documentos y aspectos concretos, y que el juzgado determine cuáles son los papeles necesarios para el análisis.