El juez pide el protocolo de aeropuertos para investigar el 'caso Ábalos'

El juez de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, ya ha empezado a investigar el encuentro entre el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, el pasado 20 de enero. Ha pedido al Ministerio del Interior la normativa de funcionamiento del aeropuerto de Madrid-Barajas, en relación con la llegada de pasajeros, informaron fuentes jurídicas.

El magistrado que, al aceptar la inhibición del Juzgado de Instrucción número 47, asumió tanto la denuncia del PP como las querellas presentadas por el partido Laócrata y Vox, todavía no cuenta con las cintas grabadas por Aena en el interior de la terminal madrileña, cuya destrucción fue paralizada, a instancias del Partido Popular, por el Juzgado número 7 en funciones de guardia.

Con el protocolo del aeropuerto, el juez quiere determinar qué funcionarios de Policía estaban en el control de llegadas de Barajas cuando se produjo la cita, ya que es contrat quien se dirige la primera querella presentada, la de los laócratas. El partido también interpuso una querella ante el Tribunal Supremo, que es donde únicamente puede ser investigado Ábalos por ser aforado.

Vox siguió una estrategia similar, pero su querella incluye la declaración jurada del vigilante del seguridad que presenció el encuentro y que asegura que Rodríguez "pisó suelo Schengen y que introdujo dos carros de maletas en España". Un portavoz de la empresa de seguridad Ilunion ha confirmado a Europa Press que se le ha sido suspendido de empleo y sueldo dos meses por facilitar que se grabara la sala de la terminal ejecutiva que usó Rodríguez en su escala en Madrid. 

Pendiente del fiscal

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Mientras tanto, las querellas presentadas directamente contra Ábalos en el Supremo ni siquiera se han pasado a informe fiscal, trámite imprescindible para que el alto tribunal decida abrir una investigación o rechazarla. 

El juez Serrano-Arnal había citado este jueves al representante del partido Laócrata, para que aportara la contabilidad que presenta ante el Tribunal de Cuentas y así fijarle la correspondiente fianza si quiera ejercer la acusación popular. Por un problema personal de gravedad la diligencia se ha pospuesto a la próxima semana.