Reguant justifica no contestar a Vox con la obligación moral de denunciar a la ultraderecha

La exdiputada de la CUP Eulàlia Reguant compareció este martes en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla imputada por un delito de desobediencia por negarse a contestar a las preguntas de Vox en el Tribunal Supremo en el juicio del 'procés'. Ante una veintena de personas, que la despidió aplaudiendo cuando entró al juzgado, Reguant insistió en el mismo argumento con el que en su día se negó a declarar: su derecho a no contestar a la extrema-derecha siempre que sea posible, "a disentir" para "combatir el fascismo", y a anteponer la "obligación moral" a la legal.

Junto a Reguant estuvo un representante de los 13 vecinos del barrio madrileño de Vallecas a los que Vox ha denunciado por un delito de odio por haber increpado a alguno de sus miembros. La exdiputada se remitió al escrito de defensa del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, para tratar de argumentar que aceptar la acusación popular de Vox en el juicio del 'procés' "era una manera de omitir la responsabilidad del tribunal de garantizar un juicio justo", porque ese "partido niega derechos fundamentales" y eso "condicionó" toda la vista oral. 

Por eso se negó a declarar en el Supremo. Tanto a ella como a Antonio Baños, que declarará pro vídeoconferencia del próximo 18 de marzo, el alto tribunal le ofreció incluso dirigirse hacia él, aunque las preguntas las hiciera Vox por ser una de las partes que había propuesto su testimonio. Esta acusación no destacó durante la vista oral por la brillantez de sus preguntas ni sus argumentos fueron incluidos en la sentencia del 'procés'.

La exdiputada señaló que asumirá las consecuencias de su actuación y sostuvo que frente "la obligación legal" de tener que contestar anteponía "la obligacion moral" que les lleva "a poner sobre la mesa ese disentimiento básico". 

Entre las personas que acudieron a apoyarla, aunque la gran mayoría de ellas, no esperaron a que terminara de declarar, estaban la diputada de Junts per Catalunya Laura Borràs, pendiente de declarar como imputada ante el Tribunal Supremo por cuatro delitos de corrupción, y el de ERC Joan Josep Nuet, a la espera de ser juzgado por desobediencia por el 1-O.