19 sep 2020

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CORRUPCIÓN.CAT

Quince años del 'caso 3%': del rumor a la certeza

La justicia ha probado con creces el cobro de 'mordidas' que el Parlament "no pudo acreditar" en el 2005

El saqueo del Palau, por el que Millet solo ha estado 38 días en prisión, y la confesión de Pujol certificaron el 3%

Júlia Regué

Fèlix Millet, Jordi y Gemma Montull y Daniel Osàcar, en febrero del 2018, en la vista por las medidas cautelares del ’caso Palau’.

Fèlix Millet, Jordi y Gemma Montull y Daniel Osàcar, en febrero del 2018, en la vista por las medidas cautelares del ’caso Palau’. / JOAN PUIG

"Llega la hora de investigar, por ejemplo, si todo lo que se dice en Catalunya sobre el destino del 3% del dinero de las obras públicas adjudicadas años atrás ha acabado influyendo en el grosor de los encofrados o en el número de catas de la obra del Carmel", sostuvo el editorial de EL PERIÓDICO el 24 de febrero del 2005. Aquel día el Parlament acogía un pleno para esclarecer las causas del derrumbe de las obras del metro a su paso por el Carmel y corría el rumor -verbalizado ya en 1998 por Josep Lluís Carod-Rovira- de que CDC pedía 'mordidas' del 3% por obras públicas que adjudicaba cuando gobernaba la Generalitat.

La sesión se auguraba tensa por el fuego cruzado entre el Govern del tripartito y la oposición de CiU, pero nadie se esperaba que aquel duelo dialéctico entre el 'president' Pasqual Maragall y el líder de CiU, Artur Mas, pasaría a la historia como la primera denuncia pública del entramado de corrupción que se escondía detrás de las siglas de CDC.

"Ustedes tienen un problema y este problema se llama 3%", espetó Maragall a la bancada convergente sin parpadear. Mas, indignado, le acusó de haber perdido "completamente los papeles" y le exigió que se retractara porque, de lo contrario, dinamitaría la reforma del Estatut. Maragall rectificó de inmediato, pero Mas interpuso una querella por "injurias y calumnias" que después retiró al entender que el 'president' se había excusado.

Las sospechas condujeron a la creación de una comisión de investigación para abordar las causas del suceso del Carmel y analizar si había indicios de corrupción. Tras 28 sesiones, 106 horas y 31 minutos, zanjaron el asunto con este inciso en el dictamen: "A lo largo de los trabajos de la comisión se ha mantenido la profusión de comentarios y valoraciones en torno a un presunto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obras públicas en Catalunya que no se ha podido acreditar".

Pero el fantasma del 3% reapareció con el estallido del 'caso Palau' en el 2009 cuyas investigaciones fue destapando este diario. Las pesquisas sobre el saqueo del Palau de la Música puso al descubierto el pago de comisiones de la constructora Ferrovial a CDC a través de la institución cultural, y reveló que las comisiones no eran del 3%, sino que podían llegar al 4%, "porque Convergència pedía más dinero", en palabras de un Fèlix Millet que por este expolio solo ha pasado 38 días entre rejas.

"Todo un aquelarre"

El Parlament se conjuró para crear otra comisión de investigación que, esta vez sí, reconoció "indicios suficientes de causalidad entre obra pública adjudicada y el cobro de comisiones" a través del Palau de la Música. El tripartito logró sacar adelante sus conclusiones, pero CiU votó contra el dictamen y las tachó de "delirantes", fruto de una "obsesión enfermiza y sin límites". Todo un "aquelarre", decían. La Audiencia de Barcelona condenó a Millet, el presidente de la fundación, a nueve años y ocho meses de prisión; a Jordi Montull, mano derecha de Millet, a siete años y seis meses; y al extesorero de CDC Daniel Osàcar, a más de cuatro años.

En el 2009 también se conoció el 'caso Pretoria', la mayor trama de corrupción urbanística en Catalunya, en el que estaban involucrados el 'exconseller' Macià Alavedra y el que fuera secretario de Presidència Lluís Prenafeta, junto a cargos del PSC. Alavedra y Prenafeta fueron condenados pero eludieron la cárcel porque la condena no llegaba a los dos años de prisión.

El descrédito de CDC llegó con traca final: la confesión de Jordi Pujol el 25 de julio del 2014. La fortuna que ocultaba en Andorra provocó un terremoto político y la justicia deberá esclarecer si ese dinero provenía de una herencia o de negocios sospechosos de la familia. El Parlament abrió otra comisión que concluyó con la reprobación del expresidente de la Generalitat, pese a la negativa de CiU.