29 mar 2020

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Reforma penal

Un fiscal del 'procés' rechaza reformar los delitos de rebelión y sedición

Javier Zaragoza insiste en que los presos cometieron rebelión y niega que las penas sean excesivas

El Periódico / ACN

El fiscal Javier Zaragoza lee su informe final en el juicio del ’procés’

El fiscal Javier Zaragoza lee su informe final en el juicio del ’procés’

Uno de los fiscales del Tribunal Supremo que se encargó del juicio del ‘procés’Javier Zaragoza, apuesta por no reformar los delitos de rebelión sedición en la modificación del Código Penal que promoverá el Gobierno, y defiende incorporar otros delitos para "garantizar una eficaz protección del marco constitucional".

Entre estos nuevos delitos, el fiscal cita la convocatoria ilegal de referéndum, pero también la tipificación específica de la desobediencia reiterada al Tribunal Constitucional, como una modalidad agravada de la desobediencia, que comporte penas de prisión e inhabilitación de cierta gravedad.

En un artículo en el diario 'El Mundo', Zaragoza habla de la sentencia del 'procés' insistiendo en que los presos independentistas cometieron rebelión y un "golpe de Estado en toda regla", y además rechaza que las penas sean excesivas.

Crítica a la reforma del Código Penal

Según Zaragoza, todo parece apuntar a que la reforma del Código Penal busca reducir las penas con el "pretexto" de modernizar el tipo penal. El fiscal añade que "el sudoroso y habitual argumento" de que las condenas impuestas a los presos del 1-O son excesivas y desproporcionadas "no tiene ningún fundamento jurídico".

De hecho, asegura que la argumentación "salta por los aires" si se tiene en cuenta que ya solo la malversación de fondos públicos de más de 250.000 euros conlleva penas de entre seis y 12 años de prisión. Asimismo, afirma que el delito de sedición agravado por malversación no debería prever penas menores que estas. Si esto fuera así y finalmente las penas por sedición fueran inferiores, Zaragoza avisa de que el principio de proporcionalidad "quedaría absolutamente laminado".

El fiscal del Supremo cree que la respuesta a los "ataques al orden constitucional" presenta algunas "grietas que es necesario cerrar", pero advierte de que la solución "no consiste en desmantelar o neutralizar los efectos preventivos y punitivos de los tipos penales vigentes, sino en protegerlo ante las nuevas amenazas y agresiones de los tiempos actuales”. Es por esta razón que defiende mantener los delitos de rebelión y sedición tal como están e incorporar otros.

Sedición “forzada”

Con un tipo de delito de convocatoria ilegal de referéndum o de desobediencia reiterada al Tribunal Constitucional, dice Zaragoza, es "muy probable" que se hubieran podido evitar muchos de los graves delitos que "finalmente se cometieron". El fiscal asegura además que los presos independentistas cometieron rebelión y que insistir en que aquellos hechos se consideren sedición "no deja de ser forzado". Pide ser "sinceros y rigurosos" y recuerda que la propia sala de apelaciones del Supremo habló de "rebelión institucional".

Además, remarca que el discurso del Rey, con el único precedente del 23-F, el envío de miles de policías a Catalunya y la aplicación del artículo 155 "no son medidas que se adopten para sofocar una alteración del orden público, por grave que sea esta". Zaragoza reitera que se produjo una oposición "violenta", con "agresiones, coacciones y daños", y que eso fue un "medio necesario para avanzar en el 'procés' rebelde".

"La violencia utilizada cumplió una función esencial y contribuyó como instrumento imprescindible para el logro de sus objetivos", argumenta. También se pregunta qué hubiera pasado si en el desarrollo de estos "episodios violentos" se hubieran utilizado armas.

Las conclusiones de la fiscalía: “en Catalunya hubo un golpe de Estado”.  / ZML

Mutación de los objetivos independentistas

A su juicio, lo que ocurrió en otoño del 2017 fue un "golpe de Estado en toda regla", con la sustitución de la Constitución por una legalidad paralela y la proclamación de la independencia, "con características de la rebelión". Zaragoza apunta que la percepción de millones de españoles que vieron lo que pasaba no era de unos actos "puramente simbólicos o declaraciones retóricas surgidas de un universo onírico o quimérico, incapaces de generar un riesgo para el orden constitucional". Añade que tampoco se percibió la mutación de los fines que perseguían los líderes del 'procés', "en virtud de la cual el derecho a decidir se convirtió en derecho a presionar".