Delgado ve haber sido ministra una "fortaleza" para ser fiscala general

Dolores Delgado venía con las ideas claras a la comisión de Justicia que corroboró sus méritos para ser la próxima fiscala general del Estado. Decidida a defender el único pero que se puede poner a su currículum, optó por ir a por todas: "Lo de ser ministra debería entenderse como una fortaleza, no como una debilidad". Y viendo que así no convencía a su auditorio cambió el planteamiento: Si no confían en ella, que lo hagan "en el sistema, en el Estatuto fiscal y, sobre todo, en la Constitución".

Para ello, la que previsiblemente la próxima semana se convertirá en la tercera fiscala general del Estado explicó que, como una vez que sea elegida no podrá ser cesada por el Gobierno ni podrá ser reelegida, "no tendrá ataduras" a la hora de garantizar la independencia y autonomía fiscal.

Fue bastante convincente, pero los portavoces parlamentarios, cuya complicidad trató de ganarse desde el primer minuto, apelando a una condición de servidores públicos compartida, se mostraron incapaces de ver un "enriquecimiento del currículum" que la próxima fiscala general hubiera concurrido a las elecciones con el PSOE y acabara de dejar de ser la ministra de Justicia.

El ahora diputado de Cs Edmundo Bal, que como abogado del Estado fue apartado del 'procés' por la propia Delgado al no compartir la acusación por sedición, reprochó al PSOE avanzar "en el umbral del dolor democrático. Da un poco de miedo pensar en su nombramiento. Usted no es imparcial". Javier Ortega Smith, por Vox, pidió que tras su designación "la fiscalía general se llame la fiscalía general socialista", por su "reconocido desprestigio" y tratarse de la "propuesta más contraria la principio de idoneidad".

A Luis Santamaría, del PP, ya solo le quedaba por decir que el nombramiento está "tan vinculado al pacto de ERC con el Gobierno como el escorpión a su veneno". Y le advirtió de que se tendrá que abstener de todas las causas que conoció como ministra de Justicia, entre ellas, el 'procés'.

Delgado se remitió, en este sentido, a la jurisprudencia del Constitucional y del Supremo sobre las recusaciones de los jueces para negar que pueda hacerse con carácter general: habrá que ver caso a caso y determinar si en él se cumplen los supuestos de abstención. Con los relativos al 'procés' lo tiene difícil, porque abandonó Justicia alardeando de "haber ganado" el juicio porque la condena fue por sedición, como adelantó el diario.

Bronca con Vox

Los demás portavoces se centraron en sus particulares 'obsesiones'. Las portavoces de la CUP y de ERC le preguntaron por la reforma de la sedición y la actuación de la fiscalía al recurrir los permisos concedidos a los presos del 'procés', mientras que la de Bildu, madre de un condenado de Alsasua, se centró en supuestas torturas amparadas por la Audiencia Nacional, posibilidad negada tajantemente por la exministra. Vox trató de que se retirara la palabra a Bel Pozueta, pero acabó siendo llamado al orden por interrumpir a una compañera.

Delgado, que se felicitó porque ninguna crítica se dirigiera contra sus propuestas para la fiscalía, rehusó pronunciarse sobre "reformas legislativas que competen al poder legislativo". Y se negó a entrar "en aquellos procedimientos que están en tramitación (como los disturbios que se produjeron tras las sentencia del 'procés'), por dos razones: la primera, porque (para hacerlo) debería conocerlos, y la segunda, porque merecen la reserva adecuada que un fiscal tiene por obligación".

La exministra, que se había presentado como "una funcionaria de trinchera", sin horarios y cuyo objetivo es el servicio público, pidió "no reducir la fiscalía a una sospecha permanente, porque es injusto para quien todo el día lucha contra el delito". "Mal me conocen quienes piensan que una servidura pública va traicionar unos principios que me han traído hasta aquí en la trinchera y en los despachos. Pondré al sevicio de la fiscalía todo mi esfuerzo para dotarla de medios materiales y humanos", aseguró. 

De Menas a cambio climático

Delgado, que contó desde su experiencia en el Tribunal Penal Internacional, donde ejerció como fiscal a partir de 2011 y preparó la documentación de la orden de arresto contra el fallecido dictador libio Muamar Gadafi, al juicio por los crímenes de la dictadura militar argentina, procedió después a plantear los cambios que preparar para la fiscalía general. 

Entre ellos mencionó la reforma del Estatuto fiscal para lograr una mayor autonomía de los fiscales respecto a sus superiores, porque, destacó, que solo ellos son los responsables del caso al que están adscritos, y cualquier instrucción debe realizárseles con absoluta transparencia. Pero también mostró su preocupación con ciertos asuntos, como la violencia machista, los menores no acompañados, de los que dijo que "son solo niños", o el cambio climático.