El encuentro entre Ábalos y Delcy Rodríguez, en manos de dos jueces de Madrid

Dos juzgados de Madrid serán los encargados de determinar si debe abrirse un procedimiento penal por el encuentro mantenido entre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. En caso de que así lo determine cualquiera de los dos o el propio Tribunal Supremo, ante el que también se han presentado un par de querellas contra el dirigente socialista, se cerrarán las diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía de Madrid a partir de la denuncia presentada el 31 de enero por el Partido Popular. 

La denuncia del PP por prevaricación correspondió al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, cuyo titular es Adolfo Carretero. Le llegó por reparto después de que la jueza de Instrucción número 7 de Madrid, Susana Trujillano, ordenara, en funciones de guardia, a Aena conservar las imágenes grabadas el pasado 20 de enero en el aeropuerto madrileño de Barajas. La querella interpuesta por el partido Laócrata de España, también por un delito prevaricación, correspondió al juzgado número 31, cuyo titular es Antonio Serrano-Arnal, entre cuyas causas figura la abierta para investigar el patrimonio del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.

Ninguno de los dos magistrados cuenta aún con la documentación relativa al polémico encuentro, lo que significa que todavía no han podido adoptar decisión alguna sobre la denuncia y la querella. Si entienden que los hechos revisten caracteres de delito y admiten a trámite alguna de esas iniciativas judiciales, se tendrá que concretar cuál de ellas es más antigua, para poder acumular en ella todos los procedimientos iniciados. 

"Un poco extraña"

También existe la posibilidad de que el Supremo, hacia el que se dirigieron el partido Laócrata y Vox, se pronuncie sobre las querellas interpuestas contra el ministro de Transporte, que es aforado ante el alto tribunal y por tanto solo puede responder ante él, circunstancia que podría obligar a los jueces de Plaza de Castilla a remitirle las actuaciones. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, dijo por la mañana que "a priori suena un poco extraña" la decisión de la jueza de reclamar las cintas del aeropuerto para evitar su destrucción, en principio prevista en los 30 días siguientes a la grabación.

Aunque Trujillano afirmara en su resolución que los hechos revestían caracteres de delito, la decisión al respecto corresponde al juez Carretero, que tendrá que incluir en el procedimiento las diligencias fiscales abiertas en la fiscalía de Madrid, a la que la magistrada también consultó en relación con al conservación de los vídeos. El ministerio público no se opuso.