El juez ordena guardar los vídeos de Ábalos y la vicepresidenta venezolana en Barajas

El encuentro del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, el pasado 20 de enero en Barajas sigue sin estar claro para el PP, Vox y Ciudadanos. Los tres partidos han reclamado durante semanas más detalles de lo que pasó entre el secretario de organización del PSOE y uno de los prebostes del régimen de Nicolás Maduro por dos vías: en el Congreso de los Diputados y ante la fiscalía. El primer éxito de la oposición llegó este martes por vía de un juez de guardia. El PP había solicitado que se requiriera a los responsables del aeropuerto de Barajas que conservaran las imágenes de aquella madrugada para poder saber qué hizo realmente Rodríguez cuando se vio con Ábalos en su escala en Madrid, ciudad de la que salió en un vuelo comercial hacia Doha. La vicepresidenta tiene prohibida la entrada en España y en otros muchos países de la Unión Europea por las sanciones acordadas contra el régimen chavista. En el auto del juzgado, se reclama a Aena, la empresa pública que gestiona los aeropuertos, que guarde las cintas de videovigilancia y no las borre, algo que se habría hecho a los 30 días en cumplimiento de la ley.  

En su denuncia, el PP considera que Ábalos puede haber incurrido en un delito de prevaricación administrativa, algo que ya puso en conocimiento de la justicia hace dos semanas (al igual que Vox y Ciudadanos) cuando llevó el caso a la fiscalía. Pero el partido conservador no recibió "noticias de las actuaciones" que el ministerio fiscal haya podido adoptar para su esclarecimiento y decidió llevarlo al juzgado de guardia. 

La formación de Pablo Casado desea obtener más información sobre la presencia de Rodríguez en el aeropuerto "y su posible acceso a una sala VIP de la terminal de autoridades", donde podría haber esperado hasta su vuelo a Doha horas después. Los populares subrayan que esos movimientos contravinieron la decisión firmada por los socios europeos, entre ellos España, en 2017 para impedir los viajes, incluidos tránsitos o escalas, a 25 dirigentes de la república bolivariana. El PP destaca que España tiene la "obligación" de "adoptar las medidas necesarias para impedir que entren en su territorio o transite por él". En el auto el juez asegura que de los datos expuestos "se desprenden indicios racionales de hecho delictivo". 

Cuando estalló el asunto a través de información de la prensa, el presidente, Pedro Sánchez, defendió a Ábalos, que llegó a dar cuatro versiones distintas de su encuentro en dos días. Según el jefe del Ejecutivo, la gestión del ministro evitó "una crisis diplomática" con Venezuela, una frase que el Gobierno ha usado de escudo ante la demanda de explicaciones. 

Risas en la Junta de Portavoces

PP, Vox y Ciudadanos volvieron a pedir en la Junta de Portavoces que se incluyera en el orden del día del próximo pleno la creación de una comisión de investigación. La mera reclamación ya despertó risas, aseguraron Rafael Simancas, portavoz del PSOE, y Pablo Echenique, de Podemos. Ambas formaciones y sus aliados nacionalistas e independentistas impidieron que esa petición prosperara. «Unidas Podemos cree que España ya conoce más detalles de la reunión entre el ministro [José Luis] Ábalos y Delcy Rodríguez que los detalles que se conocen de la familia Alcántara», sentenció Echenique en referencia a ‘Cuéntame’. 

La ofensiva de la derecha contra Ábalos cristalizó también a última hora de la jornada en una moción en el Congreso para pedirle más explicaciones. No lo logró ya que solo sumó los apoyos de Vox y Ciudadanos.