ERC apremia a activar la mesa para frenar la presión de JxCat

Tras días de polémica nunca soterrada entre la posconvergencia y ERC, los republicanos, que ya han dado sobradas muestras de que el este debate les agota, quisieron quemar etapas y exigieron la convocatoria de la primera reunión de la mesa entre gobiernos para antes de fin de mes. Es decir, que se cumpla el plazo que acordaron en la cumbre del Palau de la Generalitat entre Quim Torra y Pedro Sánchez, a principios de febrero. Una estrategia que coincide con lo expresado por fuentes del Ejecutivo central que vieron plausible la celebración de este primer cónclave de las delegaciones entre esta y la próxima semana.

La presión republicana se ejerció pocas horas antes de la cumbre convocada por el ‘president’ con partidos y entidades independentistas para definir una estrategia cara a la negociación con el Gobierno. A la reunión acudieron representantes de JxCat, ERC, la CUP -que había expresado dudas sobre la conveniencia de asistir-, la ANC y Òmnium Cultural. La principal conclusión debe extraerse del mutismo generalizado de todas las partes tras la reunión.

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También el PDECat quiso delimitar el terreno de juego antes del cónclave independentista. Los posconvergentes mostraron su total apoyo a Torra en su exigencia de que la negociación incluya la figura del mediador internacional, tal como aprobaron los partidos independentistas, incluida Esquerra, en el Parlament. «Estaría bien mantener esto hasta el final», apuntó el portavoz del PDECat, Marc Solsona.

El deseo de Sánchez

Sabedores de la renuencia posconvergente a permitir una mesa sin mediador, la vicesecretaria general y portavoz republicana, fue Marta Vilalta la que puso voz a la exigencia de inmediatez en la convocatoria. El argumento de Vilalta es que, en su opinión, nada placería más al Gobierno y a los mecanismos del Estado que esa mesa de negociación se convierta indefinidamente en no nata. «Y aún les gustaría más que no se celebrara esa mesa porque la parte catalana se auto-boicotea», afirmó Vilalta en referencia a la posición posconvergente.

La portavoz republicana aseveró, asimismo, que son conscientes de que el Gobierno central «querrá mezclar contenidos» con aspectos que los republicanos consideran que se tienen que discutir en la Comisión Bilateral Estado-Generalitat o en otros espacios, como asuntos económicos y transferencias y cumplimiento de demandas no ejecutadas. Desde la financiación a la mejora de Rodalies.

«Nosotros no lo permitiremos», ha dicho Vilalta, que aseguró que, hasta que el Ejecutivo bipartito PSOE-Podemos no dé muestras de querer resolver el conflicto político en la mesa de diálogo, no aceptarán la convocatoria de otros espacios.

Autodeterminación y amnistía

Vilalta defendió que la parte catalana de esa mesa de diálogo tiene clara cuál es su propuesta para resolver el conflicto --la amnistía y el ejercicio del derecho de autodeterminación. Eso sí, tras recordar que la demanda inicial era el reconocimiento del conflicto y un instrumento para abordarlo, y considera que, una vez el Gobierno ha aceptado sendas reivindicaciones, no hay motivo para postergar el diálogo.

Fuentes republicanas  afirmaron a este diario que las resoluciones parlamentarias son declaraciones de intenciones y que todos los partidos tienen una larga lista de presuntos incumplimientos. Aun así, los republicanos no ven con malos ojos la figura del relator, aunque no ven que sea motivo para detener el proceso de resolución del conflicto.

Además, añaden que el mediador se acostumbra a configurar en la fase resolutiva, «cuando hay que concretar qué se acuerda». La actual mesa está, a ojos republicanos, en la fase inicial, donde se tratará de empezar a dialogar y de «fijar las reglas del juego».

En la última reunión independentista, más allá del pacto en defensa de la amnistía y el ejercicio a la autodeterminación, ya afloró una discrepancia: incorporar la figura de un mediador a esa mesa. Una discrepancia, la del mediador, que fue el desencadenante del fracaso del inicio de negociación entre la Generalitat y el Gobierno de Pedro Sánchez a inicios del 2019, tras aceptarla los socialistas en un primer momento.