El ministro de Justicia promete "un amplio debate" para reformar la sedición

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, tenía clara la idea fuerza de su primera comparecencia ante la comisión de Justicia del Congreso. Quería que "el diálogo y el consenso" protagonizaran sus planes para lograr una justicia de calidad, equiparable en la percepción de los ciudadanos a la sanidad y la educación públicas. El problema fue que a su departamento le corresponde la anunciada reforma del delito de sedición, por el que se condenó, en concurso con una malversación, a los líderes del 'procés', y cualquier otra iniciativa acabó ahogada por este proyecto.

Ello, a pesar de que el nuevo ministro de Justicia prácticamente se limitó a decir que buscará el máximo "consenso" y mantendrá "el más amplio debate" para "cualquier reforma del Código Penal, sea la de rebelión y sedición, la protección animal, de delitos sexuales o medioambientales". Se refería a que los cambios penales se harán sin hurtar el trámite parlamentario y con los preceptivos informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal.

"No hay compromiso con un partido en orden a modificar el Código, pero también es verdad que no hay ni una sola Legislatura en la que no se haya modificado, porque los ataques a la convivencia vienen de muchos sitios", explicó. 

Campo consideró suficiente recordar que la fundación Faes también analizó la reforma del delito de rebelión para considerar acreditado que "nadie duda de que hay que dar vueltas a ese tipo de delitos", pero no ahondó en cómo se hará. 

Los portavoces sí hablan de sedición

En el turno de réplica los portavoces apenas recogieron el guante del "diálogo", pero todos se refirieron a la sedición. El portavoz del Grupo Plural, el diputado de Junts per Catalunya Jaume Alonso-Cuevilla, pidió hasta su derogación, mientras que la derecha del hemiciclo consideró la reforma un "indulto encubierto" o un "espacio de impunidad". 

Por Cs, Edmundo Bal calificó de "tropelía" cualquier modificación del Código Penal hecha para un caso concreto, y Javier Ortega Smith, de Vox, "un indulto encubierto" y una discriminación frente al resto de ciudadanos con "delitos menos graves". Luis Santamaría, del PP, lo llamó "un premio al golpe de Estado en Catalunya" que dificultará el diálogo. "Cuando se habla de desjudicializar la política en realidad se habla de crear espacios de impunidad en Catalunya", añadió.

Con Delgado de fiscala general

El ministro anunció que presentará un anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal antes de que acabe el año para entregar "la dirección de la investigación al ministerio fiscal", a cuyo frente se nombrará a la exministra Dolores Delgado, designación que Bals tachó de "anomalía democrática intolerable".

Ortega Smith la consideró "una politización" preocupante de la justicia y el PP afirmó que entregar la instrucción a los fiscales con ella de fiscala general es "darle al instrucción al Gobierno".

Abusos a menores

El ministro aseguró que los fondos de la oficina de recuperación de activos procedentes del delito (ORGA) se destinarán en parte a "organizaciones no gubernamentales cuya labor se desarrolle en materia de asistencia a víctimas del delito", a través del anteproyecto de ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, iniciativa "muy trabajada por el anterior Gobierno" y que espera culminar pronto.