22 feb 2020

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CORRUPCIÓN

El Congreso votará el suplicatorio de Borràs entre abril y mayo

El Supremo prevé solicitar el trámite la semana que viene a la Cámara baja

El anterior caso aprobado es el de Homs, en 2016, por su participación en el 9-N

Iolanda Mármol

Laura Borràs, portavoz de Junts per Catalunya, en el debate de investidura de julio.

Laura Borràs, portavoz de Junts per Catalunya, en el debate de investidura de julio. / DAVID CASTRO

Al poco de que la mesa de diálogo entre Gobierno y la Generalitat eche a rodar, mientras se cocinan los Presupuestos Generales del Estado y en plena precampaña de las elecciones catalanas, el Congreso de los Diputados tendrá que debatir si valida el suplicatorio para que la portavoz de JxCat, Laura Borràs, sea juzgada por el Tribunal Supremo (TS). La discusión no se antoja sencilla precisamente y lo esperable es que escenifique una división entre los posconvergentes y ERC de efectos inciertos sobre el nuevo foro de negociación.

El Supremo hará llegar previsiblemente la semana que viene a la Cámara baja su solicitud de suplicatorio, informa Ángeles Vázquez. Se trata del procedimiento por el que el poder judicial pide permiso al Parlamento para proceder penalmente contra un miembro de las Cortes. El magistrado instructor, Eduardo de Porres, lo propondrá a la Sala de lo Penal y, tras que esta lo acuerde, el presidente del TS, Carlos Lesmes, trasladará esa petición a la presidenta del Congreso.

Según el reglamento parlamentario, Meritxell Batet, previo acuerdo de la Mesa, lo remitirá en un plazo máximo de cinco días a la Comisión del Estatuto de de los Diputados, que escuchará al interesado y tendrá hasta treinta días para emitir su informe. Una vez este trabajo haya concluido, la decisión deberá someterse a votación en el primer pleno ordinario que se celebre. Dependiendo de lo que se apuren estos plazos, la decisión definitiva se situará entre abril y mayo, puesto que la actividad parlamentaria se suspende durante las vacaciones de Semana Santa.

A puerta cerrada

Borràs trata de enmarcar su juicio en una lucha del Estado contra la causa independentista. Sin embargo, los hechos por los que se la juzga no tienen que ver con su participación en actos separatistas, sino por cuatro delitos de corrupción (falsedad documental, fraude, prevaricación y malversación de caudales públicos) que presuntamente habría cometido cuando estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes.

La última vez que el Congreso tramitó un suplicatorio fue en el 2016, cuando se aprobó el del diputado convergente Francesc Homs por su implicación en la consulta del 9-N. El pleno, en una votación a puerta cerrada, lo validó con los apoyos de PP, PSOE Ciudadanos, y el rechazo de Podemos, ERC, PNV, PDECat, EH Bildu y Compromís.

Queda abierto a reflexiones cuáles de estas fuerzas repetirán el sentido de su voto y cuáles lo cambiarán, tratándose en este caso de delitos de corrupción.