14 ago 2020

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El PP acusa al PSOE de promover la eutanasia para ahorrar

La ley es admitida a trámite en el Congreso e Illa vaticina que será aprobada en junio

El resto de grupos acusan a los populares de ser "crueles" y de tener "falta de escrúpulos"

Patricia Martín

Resultado de la votación en el Congreso. / EUROPA PRESS

Con decenas de referencias hacia Ramón Sampedro, María José Carrasco (cuyo marido estaba en la tribuna), Maribel Tellaetxe y otros muchos enfermos que, antes de morir, reclamaron la eutanasia, el Congreso admitió este martes a trámite la proposición de ley del PSOE para regular en España la ayuda a morir para aquellas personas con una “enfermedad grave e incurable” que deseen acabar con sus vidas. Sólo el PP, Vox y algún grupo minoritario se opusieron a su tramitación, tras un debate subido de tono debido a que el Partido Popular acusó al grupo proponente de impulsar el suicidio asistido para “ahorrar” en costes sanitarios, pensiones y prestaciones de dependencia.

Ya por la mañana el portavoz en este tema, el diputado José Ignacio Echániz, había asegurado ante la prensa que, para el PSOE, “la eutanasia es una política de recortes”. Y razonó su afirmación con el argumento de que “una persona sana cuesta al sistema menos de 300 euros al año”, mientras que “una persona [con una enfermedad] crónica, polimedicada, pluripatológica, que sea mayor y necesite con intensidad tratamientos y diagnósticos gasta entre 15.000 y 20.000 euros al año”, lo que sumado a las pensiones y las prestaciones sociales, hace que “cada vez que una de estas personas fallece o es empujada por la vía de la eutanasia, el Estado está ahorrando muchísimo”, informa Pilar Santos.

Hurtar el debate

Por la tarde, durante el debate insistió en esta idea y, lejos de retractarse, aseguró que el “sustrato del proyecto legal” son los “recortes sociales con la excusa del derecho a morir”. Asimismo, aseguró que, ahora, “acabar con los enfermos es lo verdaderamente reaccionario”. Por último, acusó al PSOE de “hurtar el debate a los españoles” y de “meter por la puerta de atrás, sin garantías, la ley”, al presentar una proposición y no un proyecto, aprobado por el Gobierno, dado que el segundo tiene que ser revisado por el Consejo de Estado y “sometido a consulta pública”.

La portavoz de Vox, Lourdes Méndez, fue más allá y acusó al grupo proponente de tener una actitud “totalitaria” y pretender “regularizar el derecho a matar”, con una ley que facilita el “homicidio asistido”. En su opinión, el objetivo de la norma es “eliminar al enfermo”, al que se le ofrece la muerte “cómo una solución” y se “obliga al Estado a matar a quien lo pida”.

Un derecho, no una obligación

Frente a estos argumentos, los grupos a favor aseguraron que la eutanasia será un nuevo derecho y en ningún caso una obligación. “Quien quiera, que lo ejerza, quien no, no, pero no impidamos, señorías, que quien quiera ejercerlo, pueda hacerlo […] porque el dolor humano no entiende de ideologías, es para todas las personas”, señaló la exministra María Luisa Carcedo, quien se rebeló contra el PP por acusar a los socialistas de “ser unos malvados” que quieren “ir matando a la gente por la calle”.

No fue la única que criticó con vehemencia al PP por sus razonamientos. De Vox se esperaba una diatriba dura. De hecho, ya usó el argumento de que el PSOE pretende utilizar la nueva ley para solucionar el envejecimiento cuando se admitió a trámite por segunda vez, proyecto que decayó como el primero, por el adelanto electoral. Pero las consideraciones de los populares sorprendieron en el hemiciclo y fuera de él. Pedro Sánchez, por ejemplo, tuiteó que lo único que ahorrará la eutanasia será el “sufrimiento de miles de personas”. Mientras que desde PNV o Unidas Podemos se acusó a los populares, que proponen una ley de cuidados paliativos, destinada exclusivamente a las personas a punto de morir, de “frivolizar”, ser “crueles” o tener “falta de escrúpulos”. “La posición de la derecha es que se joda Ramón Sampedro”, señaló Pablo Echenique.

Los excesivos controles previos

Su grupo, por cierto, pese a formar parte del Gobierno de coalición, se mostró en contra de que, según la iniciativa legal, una comisión, nombrada por las autonomías, tenga que autorizar las solicitudes de petición de ayuda a morir, tras revisar cada caso dos médicos. “Entendemos que existe un excesivo control previo”, señaló la diputada de Unidas Podemos Roser Maestro. Y es que la obligación de autorización por parte de una comisión será, previsiblemente, el principal escollo en la ponencia de la ley, dado que algunos grupos quieren eliminarla y otros no. Aún así, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, vaticinó que la norma podría ser aprobada definitivamente en junio.