Aznar y Rajoy, entre los testigos del juicio de la caja b del PP

Los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy serán testigos a propuesta de la acusación popular en el juicio que se celebrará en la Audiencia Nacional por los llamados 'papeles' del extesorero del PP Luis Bárcenas que dejaron al descubierto la existencia de una caja b de la que se financió el partido durante al menos 18 años. 

Aún no hay fecha para la celebración de la vista oral, pero la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia ya ha dado a conocer la prueba que albergará. Es prácticamente toda la propuesta por las partes, con la ausencia en el banquillo de los acusados del fallecido Álvaro Lapuerta. El extesorero del PP ya se libró del juicio de la primera época de la Gürtel por demencia sobrevenida, mientras que su sucesor, el propio Bárcenas, fue condenado a 33 años de prisión.

A diferencia de Aznar, Rajoy tiene experiencia como testigo, puesto que compareció en la vista en la que se juzgó la corrupción de la trama encabezada por Francisco Correa entre 1999 y 2005. No debe guardar muy buen recuerdo, porque la sentencia que permitió la moción de censura que le apartó del Gobierno no le creyó y, pese a lo que dijo, declaró la existencia de la caja b.

Juicio reducido

Precisamente fruto de las palabras que Correa pronunció en ese juicio el procedimiento fue devuelto al Juzgado Central de Instrucción número 5 para comprobar si el pago de donaciones al partido por empresarios coincidió con adjudicaciones de obra pública de los ministerios de Fomento y Medio Ambiente.

Esa parte de la causa sigue aún en manos del juez José de la Mata, pero eso no impedirá que se juzgue el resto de la causa que quedó prácticamente reducida al pago con dinero negro de las obras de la sede del partido, en la madrileña calle de Génova.

En su escrito de calificación provisional, la fiscalía, que no consideraba que el PP hubiera cometido delito fiscal por las donaciones recibidas en 2008, pedía una pena de 5 años de cárcel para Bárcenas por delitos fiscales, de apropiación indebida y falsedad documental, y de 18 meses para el exgerente del partido Cristóbal Paéz. También pedía 3 años y 10 meses de cárcel para Gonzalo Urquijo y Belén García, dueños de la empresa Unifica, que se ocupó de la reforma.

La acusación que ejerce IU eleva sensiblemente la petición de penas y pide que el PP sea declarado responsable civil subsidiario de los casi 6,7 millones de euros entregados por los empresarios. Solo para Bárcenas solicita 19 años y siete meses de cárcel.

Más testigos

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Para aclarar de dónde salió el dinero con el que se pagó la reforma y si libraron las correspondientes facturas, también han sido citados a declarar todos cuatro secretarios generales del PP, salvo el actual, Teodoro García Egea: María Dolores de Cospedal, Ángel Acebes, Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos.

Tanto la acusación popular que ejerce Adade como la de Izquierda Unida también interrogarán a los empresarios que hicieron donaciones al partido, entre los que figuran Juan Miguel Villar Mir (OHL), Luis del Rivero (Sacyr Vallehermoso) o Juan Roig (Mercadona).